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Foto de archivo - Manifestantes en Cuba

Patria, Fe y Vida: un llamado a la libertad en Cuba

Febrero 2022

CSW agradece a todos los documentadores que, con gran riesgo personal, llevaron a cabo la documentación en la que se basa todo este informe. Por razones de seguridad no podemos nombrarlos, pero deseamos reconocer su contribución.

Introducción

El 2021 se caracterizó por la protesta pública pacífica, la acción cívica generalizada y el malestar sin precedentes desde 1959. En enero, el lanzamiento de la canción “Patria y Vida”, de un grupo de artistas cubanos de hip hop, se viralizó de inmediato en las redes sociales, convirtiéndose en un himno de protesta para muchos cubanos y reflejando un deseo generalizado de cambio social y político.

Meses después, el 11 de julio, protestas espontáneas se extendieron por toda la isla luego de que se difundieran extensamente en las redes sociales transmisiones en vivo y videos de una marcha de protesta pacífica en la ciudad de San Antonio de los Baños. En cuestión de horas, miles de ciudadanos marchaban en diferentes pueblos y ciudades del país, coreando “Patria y Vida”, “libertad” y “no tenemos miedo”. Las protestas se produjeron días después del paso del huracán Elsa por el centro de Cuba y siguieron meses de crecientes tensiones sociales con gran escasez de alimentos, aumento de los precios de los productos básicos por la alta inflación y el repunte de casos de COVID-19 y que pusieron en riesgo al sistema de salud de un colapso. El gobierno respondió con una represión violenta y detenciones arbitrarias a gran escala.

El 15 de noviembre, el gobierno abatió los intentos de organizar otra ola de protestas pacíficas. Agentes de Seguridad del Estado interrogaron y amenazaron a activistas de la sociedad civil y líderes religiosos en las semanas anteriores y pusieron a muchos bajo vigilancia o arresto domiciliario. El 15 de noviembre, turbas respaldadas por el gobierno rodearon las casas de activistas y algunos líderes religiosos mientras policías armados y miembros del ejército patrullaban las calles.

Es en este contexto es que CSW documentó 272 casos relacionados con 498 violaciones de la libertad de religión o creencias (LdRC) en 2021, frente a 203 casos en 2020 y 260 en 20191. Los involucrados informaron que se mencionó o aplicó una ley en solo 142 de los casos. De este total, la más comúnmente aplicada fue la Ley de Procedimiento Penal (Ley No. 5 de 13 de agosto de 1977), en 134 de ellos. La violación de LdRC denunciada con más frecuencia, con 115 casos, fue el impedimento a asistir a servicios religiosos, esto afectó principalmente a los activistas de la sociedad civil, en particular a las Damas de Blanco. Las infracciones que implican hostigamiento o amenazas le siguen de cerca en 107 y 101, respectivamente. Hubo 79 violaciones relacionadas con detenciones arbitrarias vinculadas de alguna manera a LdRC. La mayoría, pero no todas, implicaron detenciones a corto plazo que iban desde varias horas hasta unos pocos días, generalmente para evitar que la persona objetivo participara en los servicios religiosos.

En términos más generales, durante el año se vio un aumento de la represión contra la sociedad civil independiente, en particular contra quienes habían criticado el historial del gobierno en materia de derechos humanos, comenzando a principios de año con represiones selectivas contra miembros del Movimiento de San Isidro2 y artistas cubanos que habían participado en “Patria y Vida” y escalando después de las protestas del 11 de julio.

De acuerdo con esto, CSW documentó un aumento en los actos represivos dirigidos contra líderes e individuos religiosos, especialmente aquellos que habían criticado al gobierno en su historial de libertad de expresión y derechos humanos en el pasado. Las violaciones más comunes incluyeron hostigamiento, detención arbitraria y amenazas. Está claro que el gobierno cubano sigue viendo con recelo y temor a los grupos religiosos, que constituyen el mayor sector de la sociedad civil independiente, especialmente por su potencial para movilizar a grandes grupos de personas.

A pesar de estos acontecimientos negativos, CSW señaló que muchos líderes religiosos, tanto de grupos registrados como no registrados, se pronunciaron públicamente en contra de la ola de represión y en apoyo al derecho de la libertad de expresión pacífica tras las protestas del 11 de julio. Los grupos religiosos emitieron declaraciones públicas condenando el uso de la violencia por parte del gobierno contra los manifestantes pacíficos y pidieron a las autoridades que escucharan las demandas de ellos. Este nivel de franqueza, especialmente en un contexto de mayor hostilidad gubernamental y represión violenta, no tiene precedentes y debe considerarse como un desarrollo optimista en el potencial de una transición y reforma positiva en Cuba.

Mujer caminando en una iglesia en Cuba

Este mapa ilustra los tipos de violaciones de LdRC recibidas por CSW en 2021 desde la Isla, indicando también las localidades donde sucedieron. Estos son solo algunos ejemplos de 272 casos documentados.

Marco Legal

La Constitución de la República de Cuba establece garantías específicas y básicas en materia de LdRC. Sin embargo, estas libertades están limitadas por otras disposiciones de los códigos penal y administrativo. Los artículos 153 y 574 de la constitución de 2019 protegen la LdRC.

El Estado reconoce, respeta y garantiza la Libertad Religiosa. El Estado cubano es laico. En la República de Cuba las instituciones religiosas y las asociaciones fraternales están separadas del Estado y todas tienen los mismos derechos y responsabilidades. Las diferentes creencias y religiones gozan de igualdad de trato. (Artículo 15)5

Toda persona tiene derecho a profesar o no sus creencias religiosas, a cambiarlas y a practicar la religión de su elección con el debido respeto a las demás creencias y en conformidad con la ley. (Artículo 57)

El artículo 426 también prohíbe la discriminación por motivos de creencias religiosas:

Todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación alguna por razón de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique una distinción lesiva a la dignidad humana. Todas las personas tienen derecho a disfrutar de los mismos espacios públicos e instalaciones de servicios. Asimismo, reciben igual salario por igual trabajo, sin discriminación alguna. La violación de este principio está proscrita y sancionada por la ley.

En contraste con la constitución de 1992, la libertad de conciencia ahora está separada de la LdRC y está cubierta por el artículo 54. Vale la pena señalar que la cláusula que declara ilegal invocar la objeción de conciencia con la “intención de evadir el cumplimiento de la ley”, es especialmente problemática en lo que se refiere al principio de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio:

El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas su libertad de pensamiento, conciencia y expresión. La objeción de conciencia no puede invocarse con la intención de eludir el cumplimiento de la ley o impedir a otro el ejercicio de sus derechos.

Una cláusula del código penal (capítulo IV, artículo 206) limita los derechos establecidos en la constitución. La cláusula de "Abuso de la libertad de culto" permite el encarcelamiento de tres meses a un año de cualquier persona que, “habiendo abusado de la libertad de credo garantizada a todos por la Constitución, ponga en conflicto las creencias religiosas con los fines de la educación, los deberes del trabajo, la defensa de la nación en armas, la reverencia de sus símbolos o cualquier otra estipulación contenida en la Constitución…”7

Human Rights Watch señala que "[e]sta disposición, que se define como un delito contra el orden público, permite al Estado penalizar una amplia gama de actividades religiosas que no pondrían en peligro el orden público".8 Otros delitos definidos en términos generales enumerados en el código penal, incluidos los de “desobediencia” (artículo 147) y “falta de respeto” (artículo 144), también se utilizan para violar la LdRC y atacar a líderes religiosos o defensores de la LdRC.

Generalmente en términos de derechos humanos, el Código de Procedimiento Penal de Cuba (Decreto Legal Número 5/1977) otorga al gobierno amplias facultades para convocar, interrogar, detener, juzgar abruptamente y condenar arbitrariamente a ciudadanos cubanos.9 Vale la pena señalar que esta ley fue referencia o aplicada por las autoridades en poco menos de la mitad (134) de los casos, en su mayoría relacionados con citaciones de la policía o la Seguridad del Estado o detención arbitraria, recibidos por CSW en 2021.

Con respecto al derecho internacional, Cuba no es parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que brinda fuertes protecciones para la libertad de conciencia y libertad de expresión. Cuba ha firmado, pero no ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), los cuales también contienen disposiciones para proteger a la LdRC.

Acontecimientos Legales

El gobierno utiliza a menudo medios indirectos, incluidas leyes vagamente redactadas, para atacar a sectores independientes de la sociedad civil y, en 2021, CSW notó el uso cada vez mayor de decretos legales para restringir la libertad de expresión, un año en el que hubo incidentes significativos de protestas y disturbios civiles, mientras que los ciudadanos cubanos critican abiertamente el statu quo político. La LdRC, que se cruza en muchos casos con la libertad de expresión, también se vio afectada.

El 5 de enero de 2015 entró en vigor el Decreto de Ley 322. El gobierno afirmó que la ley se estableció para regular las propiedades privadas y hacer cumplir las leyes de zonificación; sin embargo, desde entonces los funcionarios lo han utilizado para apoderarse de las propiedades de la iglesia. La implementación del Decreto Legal 322 por parte del gobierno a veces ha involucrado comunicaciones informales o verbales, lo que crea una falta preocupante de transparencia y responsabilidad.

CSW también notó un aumento en los casos en los que se violó el derecho a la libertad de expresión en virtud del Decreto de Ley 370, adoptado en julio de 2019. La ley restringe efectivamente la libertad de expresión en Internet para protegerse de “difundir información contraria al bien común, la moral, la decencia, la integridad a través de las redes públicas de transmisión de datos.”10 Desde que entró en vigor, se ha utilizado cada vez más contra periodistas independientes, incluidos los que informan sobre la LdRC y otros derechos humanos.

Más recientemente, el Decreto Legal 35 entró en vigor el 17 de agosto de 2021. Esta nueva ley de “ciberseguridad” tipifica como delito cualquier crítica en línea al gobierno, así como la incitación a “disturbios públicos'', que es el término que usa el gobierno para describir las marchas pacíficas de protesta que tuvieron lugar en toda la isla el 11 de julio. Según el Decreto de Ley 35, toda difusión de “contenidos que violen los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, que inciten a movilizaciones u otros actos que afecten el orden público; que difunda mensajes que justifiquen la violencia, los accidentes de cualquier tipo que afecten la intimidad y la dignidad de las personas”, pasarán a ser considerados ciberterrorismo. Esto le otorga al gobierno amplios poderes subjetivos para tomar medidas contra la libertad de expresión y los derechos relacionados como la LdRC.

En 2020 y 2021, una de las principales preocupaciones de CSW era que la pandemia mundial podría ser explotada por el gobierno para “legitimar la represión de los defensores de los derechos humanos (DDHH), las detenciones arbitrarias o las violaciones del derecho a la libertad de religión o de creencias... [o para] socavar la transparencia y la responsabilidad”.11 Esto se evidenció infortunadamente por los cargos arbitrarios impuestos a las iglesias por el delito de "propagación de enfermedades" bajo el código penal12 incluso cuando los líderes y las congregaciones se adhirieron estrictamente a las pautas de higiene social de salud pública.

Reconocimiento legal

Actualmente, los grupos y asociaciones religiosas están bajo la supervisión de la Oficina de Asuntos Religiosos (ORA), que opera fuera del Ministerio de Justicia pero forma parte del Comité Central del Partico Comunista de Cuba (PCC). Todas las solicitudes de autorización, desde algo tan pequeño como la reparación de un edificio hasta algo tan importante como la celebración de un evento público, deben presentarse ante la ORA, una entidad que opera fuera de cualquier marco legal definido y que no ofrece ningún recurso de apelación. La ORA, dirigida por Caridad del Rosario Diego Bello13 y sus adjuntos Sonia García García y Robert Noa Frómeta14, mantiene una relación sistemáticamente antagónica con los grupos religiosos. La ORA habitualmente niega o simplemente no responde a las solicitudes de los líderes religiosos para, por ejemplo, realizar reparaciones esenciales en sus edificios de culto o para celebrar eventos especiales. Otorga permisos, incluso el derecho a invitar a visitantes con una visa religiosa requerida, de acuerdo con el nivel percibido de apoyo o cooperación con el gobierno por parte de la asociación religiosa que invita.

Todos los grupos religiosos deben estar registrados en el Ministerio de Justicia para funcionar legalmente: La ORA recibe la solicitud de registro y luego el gobierno toma la decisión. Si bien existen algunos criterios para el registro, por ejemplo, que la asociación debe tener más de 30 miembros, las decisiones se toman de manera arbitraria de acuerdo con consideraciones políticas. Según el artículo 208 del código penal, la membresía o asociación a un grupo no registrado es un delito, cuyas penas van desde multas de hasta uno a tres meses de prisión. Los líderes de tales grupos pueden ser condenados desde tres meses hasta un año de cárcel. Aunque el gobierno no aplica estas sanciones de manera consistente, los líderes y miembros de grupos no registrados siempre corren el riesgo de ser atacados.

La mayoría de los grupos religiosos que existían antes de la Revolución de 1959, mantuvieron su registro oficial y como tal tienen reconocimiento legal. Sin embargo, el estado de registro de algunos grupos, como los Testigos de Jehová y los Bautistas de Berea, fue rescindido arbitrariamente en la década de los ´70. No se les ha permitido volver a registrarse manteniéndolos en la ilegalidad. Otros, como la Asociación Yoruba Libre Afrocubana, no están registrados porque desean permanecer independientes de la influencia o el control del gobierno. A la mayoría de los grupos que no estaban presentes antes de 1959 pero que tienen una presencia creciente en la isla, en particular las iglesias afiliadas al Movimiento Apostólico, se les ha negado el derecho a registrarse.15 En otro ejemplo, la Iglesia Vétero Católica con sede en Santa Clara, Villa Clara, ha estado solicitando personería jurídica desde julio de 2007. Más de 15 años después, el grupo aún espera una respuesta del gobierno. Si bien todos los grupos religiosos experimentan violaciones de la LdRC, los grupos no registrados son los más vulnerables y sufren algunas de las violaciones más atroces, ya que su condición de no registrados significa que su existencia misma, así como cualquier cosa que intenten hacer como grupo religioso, es ilegal.

Manifestantes en cuba

Detención arbitraria

Las Damas de Blanco regresaron a sus marchas semanales de protesta pacífica en ciudades de toda Cuba a fines de 2020, luego de meses de suspensión de sus actividades por respeto a las restricciones sanitarias impuestas durante el estallido inicial de la pandemia de COVID-19. Todas las semanas desde principios de la década de 2000, las Damas de Blanco se han vestido de blanco, asistido a misa y luego caminado en silencio por las principales calles de sus respectivas ciudades en pueblos, en protesta por el encarcelamiento injusto de sus familiares que se encuentran detenidos como presos políticos. El gobierno ha respondido intentando impedir que asistan a misa, en la mayoría de los casos, deteniéndolas arbitrariamente mientras duran los servicios religiosos. Muchas también han informado que se les ha restringido asistir a cualquier servicio o actividad religiosa, no solo a la misa dominical.

En 2021, CSW recibió 32 casos de Damas de Blanco a las que se les impidió asistir a servicios religiosos; más comúnmente, esto tomó la forma de ser detenidas mientras se dirigían a misa para rezar antes de su caminata de protesta.16 Entre ellos, 14 casos involucran a la líder de las Damas de Blanco Berta Soler Fernández, residente de La Habana, quien sigue siendo un objetivo clave de la Seguridad del Estado y es hostigada habitualmente por la policía. El domingo 13 de marzo, la Sra. Soler Fernández y su esposo Ángel Moya intentaron salir de su casa cuatro veces para asistir juntos a la iglesia. Todas las veces, un grupo de policías les impidió hacerlo. Finalmente, a las 14.00 horas un agente de la Seguridad del Estado les advirtió que si volvían a intentar salir los detendría y pasarían la noche en prisión. Les advirtió que de ninguna manera permitirían que Berta y su esposo asistieran a misa.

El incidente antes mencionado se produjo cuatro días después de que Berta y su esposo fueran detenidos a pocas cuadras de su iglesia, Santa Rita de Cassia, frente a una terminal de trenes. Los obligaron a subir a un automóvil con matrícula privada y los devolvieron a su casa. Cuando la Sra. Soler Fernández y el Sr. Moya protestaron porque se estaba violando su derecho a la LdRC, la pareja fue inmediatamente obligada a regresar a autos policiales separados. El Sr. Moya fue llevado a la unidad policial en Cojimar. Fue puesto en libertad a las 6 de la tarde y la policía lo dejó en una calle cercana a su casa. La Sra. Soler Fernández fue trasladada a la unidad policial de Cotorro, donde permaneció detenida hasta las 18:30 horas. La llevaron hasta una autopista a las afueras de la ciudad y la dejaron. La Sra. Soler Fernández informó que los agentes de la Seguridad del Estado que la detuvieron estaban vestidos de civil, y cada uno le apuntaba con una pistola en la cintura y amenazaba con matarla.

También es común que las Damas de Blanco experimenten acoso fuera de sus actividades de oración y culto relacionadas con la práctica de su religión. El 5 de abril, día después de Pascua, la Dama de Blanco Celia Osorio Claro fue detenida arbitrariamente en Guantánamo junto con su hija Maryelis Leyva Osorio, de 13 años. La Sra. Osorio Claro y su hija fueron separadas para ser interrogadas. A Celia le dijeron que la Seguridad del Estado no le permitiría seguir asistiendo a la iglesia y la amenazaron con encarcelarla si seguía intentando hacerlo. El agente de la Seguridad del Estado a cargo, quien se identificó como Luis Ángel, le escribió a la Sra. Osorio Claro un Acta de Advertencia, un documento legal que justificaba su detención y encarcelamiento en caso de posibles delitos futuros. Ella y su hija finalmente fueron liberadas a las 4:20 de la tarde.

Una pequeña mayoría de los casos de detención arbitraria recibidos por CSW involucraron a líderes religiosos que no estaban afiliados a las Damas de Blanco. Un ejemplo de esto fue el pastor Karel Parra Rosabal, líder de la Iglesia Apostólica Fuego y Dinámica no registrada en Jobabo, Las Tunas. Como es común en Cuba, él tiene un ingreso complementario al administrar un pequeño negocio, un taller de reparación de bicicletas registrado legalmente fuera de su casa. El pastor Parra Rosabal estaba en su casa el 12 de enero cuando llegó la policía, alegando que tenían una orden formal de allanamiento de las instalaciones. Inicialmente, despidió a los oficiales, señalando que sus órdenes de arresto no eran válidas. Esa tarde la policía volvió por segunda vez a allanar su casa, esta vez con una orden oficial. Mientras registraban la casa, los oficiales informaron al pastor Parra Rosabal que estaba detenido por el delito de acaparamiento, supuestamente porque tenía demasiadas herramientas sin comprobante de compra. Durante el allanamiento de la casa, la policía requisó 50.000 pesos (aproximadamente 1.890 USD) en equipos de reparación del pastor Parra Rosabal. Los defensores de la LdRC en Cuba le dijeron a CSW que creían que el pastor fue atacado debido a su liderazgo en una iglesia afiliada al Movimiento Apostólico no registrado.

El pastor Parra Rosabal fue detenido arbitrariamente durante 10 días y liberado el 22 de enero tras la atención internacional sobre su caso. Tras su liberación, el fiscal jefe de Jobabo le ordenó que asistiera a una reunión el 25 de enero. Después de dos horas y media de entrevistas, la Fiscalía de Jobabo, confirmó que retiraría los cargos contra el pastor y no iniciaría un proceso judicial en su contra. Al pastor Parra Rosabal también se le permitió finalmente presentar documentos de prueba de compra de sus herramientas de trabajo, las cuales le habían sido confiscadas durante su detención, sin embargo, el equipo no le fue devuelto.

Otro ejemplo es, en marzo, la pastora Maday González Espinoza, líder del Ministerio Apostólico Viento Recio, que al igual que la iglesia del pastor Parra Rosabal está afiliada al Movimiento Apostólico, fue detenida cuando intentaba ingresar a una tienda de comestibles en Las Tunas. Fue llevada al Sector Policial 13 en Las Tunas y fue recibida por dos agentes de la Seguridad del Estado que la interrogaron y amenazaron si no detenía su labor religiosa en una “iglesia considerada ilegal” por el gobierno. Cuando ella les dijo que pensaba seguir en su iglesia, la amenazaron con deportarla a Guáimaro, su anterior lugar de residencia. El caso se compartió ampliamente en tiempo real en las redes sociales y una gran multitud de personas, incluidos miembros de las iglesias del Movimiento Apostólico en la ciudad y los vecinos del pastor, se reunieron frente a la estación de policía. En lo que el pastor cree que fue una reacción a la manifestación pública de solidaridad, luego fue liberada, pero no antes de que le advirtieran que ya no se le permitiría comprar nada en las tiendas que acepten CUC.17

En uno de los casos más graves, en junio, el reverendo Ibrahim Figueredo Fonseca Figueredo Fonseca, pastor de la Convención Bautista de Cuba Occidental en la comunidad de El Gabriel en Güira de Melena, provincia de Artemisa y misionero de la Junta de Misiones de la CBCO, estaba intentando de seguir la directiva de la ORA la que fue la imposibilidad de pagar las facturas de servicios públicos que estaban extremadamente altas después del aumento de tarifas que trataría caso por caso. Se dirigía a la oficina local de la compañía de electricidad para explicar que la iglesia no podía pagar su factura de electricidad cuando fue detenido. Cinco días después de su detención, el reverendo Figueredo Fonseca fue sometido a un juicio sumario y condenado por desacato. Fue condenado a nueve meses de prisión.

Damas de blanco
Arresto del pastor Lorenzo
Gente rezando en las calles
Gente rezando en las calles

Protestas del 11 de julio

El 11 de julio, se llevaron a cabo protestas espontáneas y pacíficas en toda Cuba en respuesta a la grave crisis económica constante de la isla y un aumento récord en los casos de coronavirus, ante la expansión de las críticas al poder del PCC durante décadas. Así también, la represión de los derechos humanos y del movimiento pro- democrático y la gestión de la pandemia del COVID-19.

El presidente Miguel Díaz Canel hizo llamados públicos en televisión para que los “revolucionarios” salieran a las calles a defender la revolución en una “orden de combatir”. Surgieron varios informes de violencia contra los manifestantes, incluido un incidente en el que un fotógrafo de la Associated Press fue golpeado violentamente por miembros de la policía y la Seguridad del Estado cubano. Según los informes, un manifestante también recibió un disparo en el estómago.

Si bien algunos activistas participaron en las protestas, la mayoría de los que marcharon eran ciudadanos comunes, incluidas personas de todas las religiones y de ninguna. Varios líderes religiosos presentes en las protestas fueron detenidos. Si bien la mayoría fueron liberados, algunos enfrentaron cargos penales que incluían “falta de respeto” y “desorden público”, como fue el caso del reverendo Lorenzo Rosales Fajardo de la Iglesia Independiente Monte de Sion en Palma Soriano, Santiago. Otros pastores, como los líderes de la iglesia bautista de Berea, Yarian Sierra Madrigal y Yeremi Blanco Ramírez en Matanzas, fueron detenidos y recluidos en régimen de incomunicación durante dos semanas. Los líderes religiosos que se han manifestado en contra de la detención arbitraria de estos pastores, como el pastor Bautista Bereano Jatniel Pérez Feria, también fueron criticados por las autoridades policiales. Desde julio, el pastor Pérez Feria ha estado bajo vigilancia regular por parte de agentes de Seguridad del Estado y se le ha impedido salir de su casa en múltiples ocasiones.

En Jovellanos, Matanzas, se sumaron a las protestas el reverendo Carlos Raúl Macías López y su hijo mayor. Mientras caminaban por la calle, fueron acorralados por un grupo oficialista que los agredió verbal y físicamente. El grupo intentó retener al reverendo Macías López y su hijo para que pudieran ser arrestados y puestos bajo custodia, pero los dos lograron escapar y regresaron a casa. Los oficiales militares lo recibieron allí y le informaron que estaba bajo arresto domiciliario. El 13 de julio fue citado a la comisaría de Jovellanos y amenazado con prisión si participaba de cualquier forma en futuras protestas de cualquier tipo

CSW recibió informes confirmados de ocho líderes religiosos que fueron detenidos arbitrariamente en relación con las protestas, a veces de manera violenta. La mayoría de estos líderes fueron puestos en libertad más tarde, pero se han enfrentado a continuos hostigamientos y amenazas de volver a ser detenidos. Entre los líderes religiosos que fueron detenidos el 11 de julio se encontraban los pastores Yéremi Blanco Ramírez y Yarian Sierra Madrigal. Los dos hombres estuvieron recluidos en régimen de incomunicación durante dos semanas en un pabellón de la Seguridad del Estado del penal de mujeres de Matanzas y en otro recinto de la Seguridad del Estado. Mientras estuvo detenido, la familia del pastor Sierra Madrigal fue desalojada de su casa18 luego de que el propietario enfrentara presiones de la Seguridad del Estado para que lo hiciera. Los dos hombres fueron liberados el 24 de julio, pero fueron multados y amenazados con prisión si realizaban alguna actividad percibida por el gobierno como crítica al sistema. Ambos pastores, residentes en Matanzas, fueron citados por la Seguridad del Estado el 21 de octubre y obligados a firmar un “Acta de Advertencia'', sobre posibles delitos futuros, incluida la participación en cualquier otra protesta.

El padre Castor José Álvarez Devesa, sacerdote católico en Camagüey, fue otro líder religioso detenido durante la protesta. El padre Álvarez Devesa fue golpeado y detenido cuando intentaba ayudar a un niño de 14 años que estaba siendo golpeado por la policía durante las protestas pacíficas. Recibió un fuerte golpe en la cabeza, por lo que requirió puntos, y se acercó a la policía para solicitar asistencia médica. La policía detuvo a padre Álvarez y le proporcionó tratamiento médico, pero luego lo encarceló junto con otros manifestantes. Estuvo detenido durante casi 24 horas antes de ser puesto en libertad bajo la custodia de su arzobispo, sin embargo, más tarde se le informó que enfrentaba delitos penales no especificados y se le prohibió viajar al extranjero en espera del juicio. En enero de 2022, el sacerdote informó que había recibido una notificación de que no se presentarían cargos y se levantó la prohibición de viajar.

El caso más grave que involucra a un líder religioso en relación con la protesta del 11 de julio es el del reverendo Lorenzo Rosales Fajardo, líder de la iglesia independiente Monte de Sion en Palma Soriano. Un testigo presencial pudo fotografiar el momento en que el reverendo Rosales Fajardo fue detenido mientras un miembro uniformado de los Boinas Negras, una fuerza paramilitar cubana responsable de graves violaciones de los derechos humanos, sujetaba al pastor estrangulándolo. Estuvo incomunicado en Versalles, establecimiento de la Seguridad del Estado en la ciudad de Santiago de Cuba, hasta agosto cuando fue trasladado al Penal de Máxima Seguridad de Boniato, ubicado en las afueras de Santiago de Cuba. Durante su tiempo en prisión, el pastor ha sido objeto de fuertes palizas y tratos inhumanos. Fue acusado de delitos como “falta de respeto'', “desorden público'”, “incitación al delito” y ''agresión”. Su abogado ha presentado sin éxito una solicitud de hábeas corpus y nueve intentos de apelación de las “medidas cautelares” que definen los términos de su encarcelamiento y le permiten permanecer en prisión indefinidamente en espera de juicio.

El 22 de octubre, la esposa del reverendo Rosales Fajardo, Maridilegnis Carballo Castellano, fue informada de que el gobierno busca imponer una sentencia de prisión de 10 años para el reverendo Rosales Fajardo. En un principio, el 3 de diciembre se informó a su familia que su juicio se celebraría los días: 7, 8 o 9 de diciembre.19 sin embargo, el 6 de diciembre se les dijo que el juicio se había suspendido indefinidamente.20 Su familia fue notificada de la fecha final solo unos días antes y el juicio se llevó a cabo los días 20 y 21 de diciembre. Durante el juicio, los fiscales del gobierno inculparon al pastor, junto con los otros acusados, de incitar a otros civiles a atacar violentamente a los policías. Según informes del periodista independiente Yoe Suárez21 al Ministerio Público se le permitió llamar a 17 testigos para que declararan en contra de los acusados, mientras que el abogado del pastor Rosales Fajardo únicamente pudo traer a dos testigos y solo un familiar pudo observar el proceso. Todavía al 10 de febrero de 2022, está esperando sentencia.

Su esposa, la Sra. Maridilegnis Carballo, quien estuvo presente, describió el juicio como un "espectáculo" en el que la fiscalía no presentó ninguna prueba concreta de los "crímenes" de los acusados.

El Rev. Rosales Fajardo y su familia han sido objetivo del gobierno cubano desde 2009 cuando las autoridades confiscaron arbitrariamente su casa que también funcionaba como su iglesia. El reverendo Rosales Fajardo fue tildado de contrarrevolucionario por el oficial de la Seguridad del Estado Luis Noel Plutín Rodríguez, quien estuvo involucrado en la confiscación de bienes. El Oficial Plutín Rodríguez es ahora Delegado del Ministerio del Interior (MININT) y fue el responsable de la decisión de acusar y encarcelar al Rev. Rosales Fajardo luego de su detención en las protestas del 11 de julio.

El hijo del reverendo Rosales Fajardo, David Rosales Carballo, que en ese momento tenía 17 años, también estuvo presente en las protestas con su padre el día 11 de julio. El joven, en ese momento menor de edad, fue detenido junto a su padre, pero finalmente fue separado de él y transportado también esposado junto a otro preso, en una camioneta oscura. El recluso a quien estaba esposado fue golpeado tan brutalmente, luego de que exigiera saber a dónde los llevaban, que el señor Rosales Carballo sintió que la sangre del preso le salpicaba. Mientras estuvo detenido, el Sr. Rosales Carballo no recibió agua y dijo que él y otros detenidos sobrevivieron bebiendo unas gotas todos los días de un grifo que goteaba.

Luego de las detenciones del reverendo Rosales Fajardo y su hijo, la Sra. Carballo, recorrió de un lado a otro las comisarías y oficinas del MININT para tratar de cerciorarse de su estado y ubicación. Después de unos días, finalmente le dijeron dónde estaba detenido su esposo, pero las autoridades afirmaron no tener conocimiento del paradero de su hijo. Se lo dio por desaparecido durante una semana. A pesar de esto, mientras el adolescente estaba desaparecido, su madre fue obligada a firmar un documento en el que declaraba que había sido acusado de “falta de respeto” y “desorden público” y tenía que pagar una multa de 2000 pesos en su nombre. El 18 de julio a las 23 horas, el Sr. Rosales Carballo regresó a su domicilio. Su madre lo describió como físicamente ileso, pero psicológicamente traumatizado. También le dijo a CSW que la han amenazado con que habrá repercusiones para su hijo si continúa hablando sobre la detención de su padre. Desde su detención, el Sr. Rosales Carballo ha tenido que presentarse semanalmente en la comisaría local y ha sido objeto de hostigamiento y amenazas por parte de las autoridades.

En los días posteriores al 11 de julio, las protestas continuaron de diferentes formas. En San José de las Lajas, Mayabeque, el 13 de julio, Enrique Fundora y otras parejas jóvenes del Movimiento Apostólico Jehová Samah se encargaron de repartir agua gratis, para lo cual se había recaudado fondos de los miembros de la iglesia, a los manifestantes en un esfuerzo por calmar la situación inestable y para ayudar a los manifestantes pacíficos a evitar la deshidratación en el intenso calor. En respuesta, la policía política rodeó los hogares de Enrique Fundora y las demás parejas que participaban, impidiéndoles distribuir el agua. Muchos miembros de la iglesia también informaron que estaban confinados en sus hogares incluso cuando las turbas progubernamentales y las fuerzas paramilitares patrullaban las calles.

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Hostigamiento a líderes religiosos

El número más alto de violaciones de la LdRC recibidas por CSW en 2021 tomó la forma de hostigamiento, principalmente contra los líderes religiosos. La intimidación puede adoptar diversas formas, incluidas las llamadas telefónicas anónimas, advertencias por no cooperar con las autoridades policiales y el aparato de Seguridad del Estado, e incluso amenazas de muerte. En otras ocasiones puede consistir en citaciones reiteradas a comisarías o cuerpos de Seguridad del Estado o multas.

En la primavera de 2021, la monja católica, la hermana Ana Elena Fundora Lima,22 informó que el asilo de ancianos administrado por los católicos donde trabaja en La Habana fue multado luego de ser acusado falsamente por no seguir los protocolos de salud y seguridad. Ella denunció específicamente una visita el 12 de abril de un inspector del gobierno que, ella misma, ignorando no siguió los protocolos de COVID-19, a pesar de que la casa estaba cerrada porque los residentes mayores son de alto riesgo. Según la hermana Fundora Lima, la inspectora, que se identificó como Raida, impuso una multa de 2000 pesos (aproximadamente USD 85)23 por una serie de infracciones menores, incluida la falta de fecha de fabricación en botellas de agua clorada y la falta de exhibición de carteles con un plan escrito sobre cómo el hogar de ancianos planeaba combatir el COVID-19.

La religiosa Fundora Lima continuó afirmando que el hogar de ancianos había implementado reglas estrictas para evitar la propagación del COVID-19, incluida la obligación de que todos los que trabajan allí lo hagan en turnos de 14 días sin salir del edificio. Señaló que desde que la situación del COVID-19 empeoró en marzo, el hogar de ancianos se había asegurado de que todo el personal se hiciera la prueba antes de comenzar sus turnos, pero el gobierno había retrasado la devolución de los resultados de la prueba en todas menos una de las cinco ocasiones en las que se habían realizado las muestras.

En otro caso, en la tarde del 7 de junio de 2021, el pastor Yasser Caraballo García, líder del Ministerio Internacional Mi Rey es Jesús en Cabaiguán, Sancti Spíritus, recibió una citación policial para la mañana siguiente a las 9 a.m. Cuando llegó a la unidad policial, un oficial de Seguridad del Estado, quien se identificó como el “Jefe de Conflicto” del área, lo recibió, pero no mostró ninguna credencial y se negó a dar su nombre. Durante el interrogatorio de 90 minutos, el pastor Caraballo García fue amenazado con prisión por haber organizado una iglesia ilegal. Se le advirtió que no se le permitiría reabrir su iglesia después del levantamiento de las restricciones por el COVID-19 y que se le prohibiría estrictamente continuar con su trabajo como pastor.

El mismo mes, Abu Duyanah Tamayo, titular de la Asociación Cubana para la Promoción del Islam, denunció que por segunda vez le bloquearon el celular. Intentó presentar una denuncia oficial ante la oficina de la empresa telefónica estatal, ETECSA, en su municipio. Fue informado por una empleada quien se negó a identificarse, que la orden de bloquear su teléfono no había venido de ETECSA sino de “arriba”. Abu Duyanah Tamayo le dijo a CSW que, como presidente de CADI, el acceso a Internet era vital para coordinar actividades religiosas en todo el país, así como llevar a cabo reuniones religiosas virtuales para ver importantes festividades religiosas. Él cree que el bloqueo de su teléfono fue un intento del gobierno de evitar que él y su comunidad religiosa celebraran Eid al-Adha. En septiembre, los servicios telefónicos del líder musulmán fueron cortados una vez más. Los funcionarios de ETECSA le dijeron nuevamente que las órdenes habían venido de “arriba”. Le dijo a CSW:

“Ellos [el gobierno] cortaron mi servicio de internet porque saben que internet es un canal de comunicación vital y la única forma de mantenernos en contacto con los hermanos y hermanas de la comunidad islámica en todo el país, debido al confinamiento debido al COVID 19. Soy responsable de coordinar las actividades religiosas de nuestra comunidad de fe y de estar al tanto de la situación general de sus miembros. Saben que al cortarme el servicio de internet están afectando nuestra práctica religiosa.”

El hostigamiento en forma de citaciones policiales e intimidación frustró a muchos líderes religiosos. En octubre, el pastor bautista Michel Penichet fue citado para ser interrogado por la policía política cubana. Después de su interrogatorio, publicó lo siguiente en las redes sociales:

“Una vez más el MININT y las demás autoridades competentes confunden nuestra posición y principios cristianos y nuestro deseo, entrega y trabajo, dentro de la ley, desde la Iglesia y según nuestra fe en Jesús por una “Cuba para Cristo”, con falsas motivaciones políticas. Confunden Patria con Ideología, cuando nada más lejos de la realidad ya que mis motivaciones son siempre espirituales para la extensión del Reino en nuestro país.”

A lo largo del año, las autoridades continuaron hostigando y amenazando al Apóstol Alain Toledano Valiente, destacado líder del Movimiento Apostólico que dirige la Iglesia Emmanuel en Santiago de Cuba. En junio, un inspector del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y un agente de Seguridad del Estado llegaron inesperadamente a la iglesia. Fueron recibidos por el Apóstol Toledano Valiente, quien se dirigió hasta allí tras enterarse de su llegada. Les informó que nadie se había reunido en la iglesia durante más de seis meses debido a la pandemia. A pesar de ello, el inspector dijo que tenía una orden para emitir una "Carta de Advertencia" al dueño del inmueble. El Apóstol Toledano Valiente protestó diciendo que se trataba de hostigamiento religioso y se negó a firmar el documento; sin embargo, la medida administrativa se aplicó de todos modos.

Entre finales de agosto y octubre, el Apóstol Toledano Valiente recibió cinco citaciones policiales relacionadas con la celebración ilegal de servicios religiosos. La policía afirmó que no tenía los permisos adecuados para realizar servicios religiosos, a pesar de que el pastor había presentado las autorizaciones escritas del Ministerio de Justicia que indicaban lo contrario.

El 4 de octubre, las autoridades policiales acusaron falsamente y amenazaron al Apóstol Toledano Valiente del delito de "propagación de enfermedades"24 vinculado a un servicio de la Iglesia Emmanuel el domingo 29 de agosto. El pastor Toledano Valiente le dijo a CSW que su iglesia ha estado manteniendo medidas de distanciamiento social y señaló que la policía que llevó a cabo la reconstrucción no siguió los protocolos requeridos por el COVID-19.

El 1° de septiembre, el Apóstol Toledano Valiente fue informado por agentes de la Tercera Unidad Policial de Santiago que se le había abierto una causa penal formal en su contra en virtud del artículo 187 del Código Penal cubano por el delito de “propagación de enfermedades”25. Así también, debía esperar el juicio en “libertad vigilada” con una medida cautelar que le prohibió salir de la provincia o del país. El pastor también debe presentarse dos veces por semana en la unidad de la policía. En la mañana del 4 de octubre, dos policías y un investigador llegaron a la Iglesia Emmanuel e informaron a Rudisvel Rivera Robert, dueño de la propiedad, que estaban allí para “reconstruir los hechos” de la “escena del crimen” a la luz de la causa penal pendiente en contra del pastor. No se presentó orden de arresto, y aunque se supone que solo se debe realizar una “reconstrucción de los hechos” de los delitos de homicidio y robo cuando el imputado esté presente y, pese a las protestas del dueño del inmueble, los policías ingresaron al inmueble y emplearon dos horas midiendo y haciendo dibujos. La policía describió al pastor Toledano Valiente ante el sr. Rivera Robert como un delincuente común y a quien seguramente sería juzgado y condenado.

Pastor Alain Toledano

Violaciones contra el Pastor Toledano

Violaciones contra el pastor Toledano

Cronología del acoso al Pastor Alain Toledano

Cronología del hostigamiento del pastor Alain Toledano de 2007 a 2022

CSW también notó un aumento en el número informado de “Actos de Repudio”, donde las autoridades supuestamente organizan turbas espontáneas o brigadas de respuesta rápida, que atacan a líderes religiosos al rodear sus hogares o lugares de culto, insultan a gritos, destrozan propiedades intimidan o atacan físicamente a sus blancos. El domingo de Resurrección, el 4 de abril, el Apóstol Yoel Demetrio Asprón Morales, líder eclesiástico del Movimiento Apostólico, y miembros de su iglesia fueron sometidos a uno de esos ‘Actos de Repudio’. En esta ocasión, la turba arrojó piedras a la iglesia mientras la congregación rendía culto y celebraba la Semana Santa. Este incidente fue uno de varios ataques de este tipo llevados a cabo contra la iglesia del Apóstol Asprón Morales en los meses anteriores, incluidos septiembre y diciembre de 2020 y marzo de 2021. Las experiencias de 2021 fueron la culminación de una creciente campaña de hostigamiento contra el Apóstol Asprón Morales que comenzó en 2010 cuando más de 300 policías y brigadas de respuesta rápida del gobierno26, lo rodearon y lo desalojaron a él y a su familia de su casa en ese momento, que también funcionaba como su iglesia.27 En 2019 fue golpeado tan brutalmente por el agente de la Seguridad del Estado Miguel Hernández Nodales, que requirió 15 puntos de sutura en dos heridas profundas en la cara.

El acoso fue el tipo de violación de LdRC más frecuente recibidas por CSW en 2021, dirigido comúnmente a líderes religiosos.

Protestas del 15 de noviembre

Protestas a nivel nacional organizadas por un grupo de jóvenes activistas y artistas llamado Archipiélago, estaban programadas para el 15 de noviembre luego de la represión del gobierno contra la sociedad civil cubana independiente activa desde las protestas espontáneas del 11 de julio.28 Desafortunadamente, las protestas masivas no se llevaron a cabo como estaba previsto en Cuba tras la dura represión del gobierno en los días anteriores y durante todo el día del 15 de noviembre.

En las semanas y días previos al 15 de noviembre, CSW recibió más de 30 informes de líderes religiosos y defensores de la LdRC en toda Cuba que fueron atacados por el gobierno.29 Algunos fueron citados por la policía y la Seguridad del Estado y fueron interrogados sobre su posición con respecto a las protestas. Algunos defensores de la LdRC fueron puestos bajo arresto domiciliario en las semanas previas a las protestas planificadas.

El 14 de noviembre, el sacerdote católico, el padre Alberto Reyes, informó que los funcionarios de la iglesia habían recibido una llamada de la Oficina de Asuntos Religiosos del gobierno advirtiendo que, si él y otros dos sacerdotes participaban en las protestas, serían arrestados. En un video compartido con CSW, el sacerdote dijo:

“[Nos han dicho que], si participamos en la protesta, seremos arrestados. Somos sacerdotes para predicar el Evangelio. Y el Evangelio de Jesucristo habla de libertad, habla de justicia, habla de verdad. Esto es lo que pide nuestro pueblo. Si ser arrestado es el precio de ser fiel a las enseñanzas del Evangelio, que así sea. Si Dios quiere, mañana estaremos allí, acompañando a nuestra gente, caminando por nuestras calles que aún no son libres”.

El pastor Bautista Bereano reverendo Jatniel Pérez Feria, presidente del Instituto Bíblico William Carey, recibió una citación el 9 de noviembre para presentarse en la comisaría “Zapata y C” de La Habana a la mañana siguiente. Al llegar a la estación, el reverendo Pérez Feria dijo que mantuvo una breve y “amigable” conversación con la Seguridad del Estado, quien le dijo que se había cometido un error y que no debió ser convocado. Sin embargo, el reverendo Pérez recibió entonces una segunda citación para el 11 de noviembre, la cual cumplió, y fue acusado de no presentarse a la primera citación. Luego se le impidió salir de su casa hasta el 15 de noviembre.

El 6 de noviembre, cuando el pastor del Movimiento Apostólico Bernardo de Quesada y otro pastor regresaban de La Habana a sus casas en Camagüey, fueron interceptados por la policía y detenidos. Los dos líderes de la iglesia fueron interrogados por agentes de Seguridad del Estado cerca de sus opiniones sobre las protestas del 15 de noviembre. Líderes del Movimiento Apostólico en las ciudades de Santiago de Cuba y Las Tunas relataron experiencias similares.

En la mañana del 15 de noviembre, una turba oficialista organizada, realizó un Acto de Repudio frente a la Arquidiócesis de Camagüey. La multitud gritó improperios y amenazas contra la iglesia y a quienes estuvieron dentro del templo durante varias horas. Defensores de derechos humanos y activistas a favor de la democracia de toda la isla reportaron experiencias similares.

A pesar del uso de tácticas represivas por parte del gobierno, pequeños grupos de sacerdotes, monjas y líderes laicos católicos caminaron juntos por las calles en diferentes partes de la isla, en apoyo a las protestas incluidas La Habana y Bejucal en la provincia de Mayabeque, desafiando las amenazas del gobierno de arresto y encarcelamiento.

Sacerdotes y monjas el 15 de noviembre

Presión económica

En enero de 2021, hubo un aumento significativo en las tarifas de servicios públicos pagadas por iglesias y otras entidades no residenciales y no estatales. Los aumentos de tarifas fueron extremadamente altos30, y los pastores de la Convención Bautista de Cuba Occidental (CBCO) expresaron su preocupación de que tales aumentos en las facturas de servicios públicos "asfixiarían a las iglesias". Los pastores de CBCO también pidieron al liderazgo denominacional que planteara el problema a la ORA. El liderazgo informó a los pastores que, según la ORA, el problema no podía abordarse corporativamente y que, si las iglesias individuales tenían dificultades para pagar sus facturas de electricidad, se tratarían caso por caso.

Los líderes religiosos informaron a CSW que, si bien las nuevas tarifas se aplican a todas las entidades no estatales, las asociaciones religiosas son el único grupo que no recibe algún tipo de subsidio del gobierno para ayudar a pagar el aumento. El aumento de las tarifas es tan significativo que todas las pequeñas empresas privadas también colapsarían si se las obligara a pagar estas tarifas. En una reunión con CSW, los líderes religiosos, que representan denominaciones católicas y protestantes, así como iglesias registradas y no registradas, acordaron unánimemente que la política ha sido diseñada específicamente por el gobierno para paralizar las asociaciones religiosas por medios indirectos.

Según los líderes religiosos, los funcionarios de la ORA han hecho amenazas verbales y "ofertas" de que, a cambio de una mayor cooperación y apoyo para el gobierno, los subsidios pueden estar disponibles, pero solo para iglesias individuales, no para las denominaciones enteras. Esto corrobora la experiencia de los líderes de CBCO a principios de este año y parece ser parte de un esfuerzo concertado del gobierno cubano para dificultar que las iglesias trabajen juntas como miembros de una asociación religiosa registrada. También obstaculiza cualquier intento interconfesional de protestar y desafiar estas tácticas y es claramente una forma de dividir y eliminar a los líderes eclesiásticos vulnerables.

Además del aumento de tarifas, el gobierno encontró otras formas de atacar a los líderes religiosos mediante el uso de servicios públicos. En abril, un inspector de la Unión Nacional de Electricidad (UNE), se presentó en la casa de un líder religioso en el oriente de Cuba afirmando que había recibido instrucciones de la Seguridad del Estado de cortar el servicio de electricidad a la iglesia porque es “ilegal”. El documento que respalda la acción fue firmado por un director de la UNE quien afirmó que el líder había estado robando energía eléctrica para abastecer ilegalmente a su iglesia. El líder en cuestión explicó que la congregación de la iglesia de su casa se reunía en el patio de su hogar y que él siempre había pagado a tiempo la factura de la luz y por lo tanto no era culpable de ningún delito. Pese a ello, el inspector cortó el servicio a la iglesia e impuso una multa de 100.000 pesos (aproximadamente 4.100 USD) por el crimen de “uso indebido del servicio eléctrico”. El líder religioso en cuestión tendrá que pagar en cuotas de ocho mil pesos mensuales durante un año si desea recuperar su acceso a la energía eléctrica.

En otro caso del 11 de junio, inspectores de la UNE en Las Tunas intentaron cortar el suministro eléctrico quitando el medidor de luz de la iglesia del Apóstol Asprón Morales. Un funcionario de la UNE, identificado como Rubén Pérez Pérez, trató de usar la reducción del consumo de electricidad de la iglesia debido a las restricciones de reuniones sociales por la pandemia como una excusa para cortar el suministro de la iglesia por completo. El oficial afirmó que la iglesia había defraudado a la UNE al dar una lectura incorrecta del medidor de electricidad. El Sr. Pérez Pérez impuso entonces una multa de 100.000 pesos cubanos (aproximadamente 4.100 USD). Cuando el funcionario de la UNE intentó ingresar al edificio de la iglesia, el Apóstol Asprón Morales se negó y exigió que el Sr. Pérez Pérez que primero obtuviera una orden judicial. Luego, la policía colocó un servicio de seguridad fuera de la casa del pastor, impidiendo que él y su familia salieran. Después de seis horas, la policía se fue al no encontrar un fiscal para redactar una orden de arresto.

Discriminación general basada en la religión

Los miembros de grupos religiosos experimentan habitualmente discriminación en varias formas. Estos se ven más comúnmente en instituciones educativas y en lugares de trabajo. Los individuos pueden ser pasados por alto para un ascenso, excluidos de reuniones y actividades importantes, o degradados o transferidos a lugares indeseables porque su elección religiosa los hace "no confiables".

El 8 de abril, un individuo fue convocado a una reunión en su lugar de trabajo en una ciudad del este cubano por el director central y el secretario del PCC. Cuando llegaron, un oficial que se identificó como “Mayor” de la Seguridad del Estado los esperaba para interrogarlos. El oficial le dijo al individuo en cuestión que se los consideraba “contrarrevolucionarios” debido a su pertenencia a una iglesia “ilegal”. En consecuencia, se le informó al individuo que el gobierno cubano dejaría de cumplir con sus obligaciones hacia él como ciudadano y como tal sería expulsado de su lugar de trabajo, sin derecho a ser nuevamente empleado por empresas vinculadas al Estado. Durante la reunión, el individuo recibió maltratos y amenazas por su labor cristiana y también con la pérdida de la custodia de sus dos hijos pequeños, por haberlos corrompido llevándolos a la iglesia con “ideologías contrarias al proceso revolucionario”.

El 19 de junio, el beisbolista profesional Dariel Góngora recibió una advertencia de Mario Núñez, director del Sector Provincial del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) de Camagüey, por haber asistido a una iglesia ilegal cuyo pastor es considerado “un contrarrevolucionario". Días después en una reunión con el comisionado de béisbol de la provincia de Camagüey, se le informó oficialmente al señor Góngora que ya no estaría en la nómina del equipo local, Los Toros de Llanura, y sería despedido por su participación en una Iglesia del Movimiento Apostólico. La dirección del INDER hizo declaraciones públicas en los medios estatales, incluso en la televisión y en la prensa oficial alegando que el Sr. Góngora fue despedido por “indisciplina”, sin permitirle el derecho de defenderse.

CSW también recibió informes de autoridades policiales locales que interrumpieron los servicios religiosos para detener arbitrariamente a los líderes de las iglesias, con el pretexto de haber violado los protocolos de salud pública estipulados por la pandemia del COVID-19.

CSW también recibió informes de antisemitismo. En marzo, una familia judía estaba preparando la ceremonia de Havdalá para cerrar su práctica de Shabat cuando el padre fue atacado personalmente por una activista del Partido Comunista. Los vecinos intervinieron para frenar el ataque y el activista gritó que “los judíos no valen nada en la sociedad cubana” pidiendo su erradicación. Los activistas también amenazaron e insultaron a la esposa y a los hijos del hombre. Cuando el activista intentó golpear nuevamente al padre, los vecinos lo sacaron físicamente de la zona.

A principios de año, una persona judía fue agredida verbalmente en una reunión en su lugar de trabajo. Un activista del Partido Comunista se paró en la reunión y exigió que esta persona fuera expulsada de la empresa, utilizando un lenguaje vulgar y antisemita. Cuando los directores de la empresa le pidieron al activista del Partido Comunista que volviera al tema de la reunión, él continuó atacando verbalmente a la persona, acusándola de tener vínculos con el extranjero. La reunión finalmente se suspendió debido a la interrupción.

Discriminación relacionada con la pandemia

El efecto de las medidas implementadas por los gobiernos de todo el mundo para tratar de frenar la propagación del COVID-19, en muchos casos ha dado lugar a establecer límites necesarios a la libertad de reunión en particular. Dichos límites están permitidos por el derecho internacional de los derechos humanos siempre que sean razonables, se apliquen de manera coherente a todos y sean de carácter temporal. En 2021, los funcionarios cubanos implementaron restricciones de manera desigual y arbitraria, y a menudo parecían usar las restricciones para atacar a líderes religiosos o grupos que ya tenían relaciones difíciles con el Partido Comunista de Cuba y el gobierno. En uno de esos casos, el 9 de enero, el pastor Yordanys Díaz Arteaga, presidente de las Iglesias Cristianas Reformadas en Cuba y quien ha sido víctima de discriminación y hostigamiento del gobierno durante años, recibió una orden escrita del Partido Comunista Provincial informándole que la iglesia y todas las reuniones públicas o domésticas tendrían que cerrar debido a los nuevos brotes del COVID-19 en la región. La orden fue avalada por la Oficina de Gobiernos Provinciales y la Oficina de Asuntos Religiosos. El pastor Díaz Arteaga señaló que sectores como el turismo, el ocio y los eventos culturales, incluidos los lugares de entretenimiento, continuaron operando sus asuntos sin restricciones. El pastor y otros líderes de la iglesia de su denominación informaron durante el resto del año que las autoridades gubernamentales continuaron hostigándolos y desanimándolos a celebrar servicios.

El Apóstol Mario Jorge Travieso Medina, líder de la Iglesia Casa de Restauración, afiliada al Movimiento Apostólico, en Las Tunas, es otro líder religioso que tiene un largo historial de experimentar violaciones de LdRC. El año pasado, experimentó muchas violaciones de LdRC del mismo tipo que en el pasado, sin embargo, muchas ahora están justificadas en relación con la pandemia. En enero, la policía intentó clausurar su iglesia, debido al hallazgo de dos nuevos casos de COVID-19 en el barrio más grande, a pesar de que el director provincial del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) había ordenado que no hubiera público ni reuniones en los espacios cerrados. Cuando el Apóstol Travieso Medina le recordó al policía la orden del MINSAP, el oficial se fue y luego regresó con dos patrullas y una decena de agentes de la Seguridad del Estado quienes indicaron que planeaban detener al pastor por el delito de “desacato”. También fue amenazado con un cargo penal adicional de "propagación de enfermedades". El Apóstol Travieso Medina se mantuvo firme en su postura de que sin una orden del MINSAP no cerraría su iglesia, y la policía y la Seguridad del Estado finalmente se fueron, luego de que uno de ellos le advirtiera que el gobierno “terminaría cerrando de una vez por todas esa pequeña iglesia ilegal” que dirige.

TAl mes siguiente, el pastor recibió la visita de funcionarios del MINSAP, quienes le ordenaron suspender las caminatas matutinas de oración de la iglesia de la comunidad. El Apóstol Travieso Medina señaló que las caminatas de oración se realizaron en pequeños grupos manteniendo la distancia requerida entre ellos y usando tapabocas, y que se realizaron en horas de la madrugada cuando las calles estaban en su mayoría vacías. Comparó esto con las largas y abarrotadas colas en las que los cubanos se vieron obligados a esperar para comprar alimentos, medicinas y recibir tratamiento médico. En aparente represalia, la policía arrestó a un joven miembro de su congregación por usar su mascarilla incorrectamente mientras caminaba por el costado de la carretera. Irónicamente, el Apóstol Travieso Medina señaló que los tres oficiales en el auto en el que se llevaron al joven no portaban barbijos.

CSW también recibió informes sobre autoridades policiales locales que interrumpieron los servicios religiosos para detener arbitrariamente a los líderes de la iglesia con el pretexto de violar los protocolos de salud pública de COVID-19, incluso cuando se estaban cumpliendo los protocolos. El 29 de mayo, un servicio de oración con los líderes del Ministerio Profético Restauración organizado por el Apóstol Marco Antonio Perdomo Silva en Santiago de Cuba fue interrumpido cuando varios policías ingresaron sin orden judicial para detener la reunión, calificándola de reunión “no autorizada”. Los líderes presentes protestaron porque la reunión cumplía con los protocolos oficiales de higiene social de COVID-19. Ante la negativa de los líderes de terminar el servicio, los oficiales llevaron al Apóstol Perdomo Silva a la estación de policía, donde lo retuvieron durante una hora mientras brindaba pruebas a la policía que demostraban que la iglesia se estaba adhiriendo a las pautas del gobierno. La policía declaró que había intervenido en la reunión porque había recibido una denuncia sobre el servicio, pero finalmente concluyó que no abriría un proceso penal contra el pastor Perdomo por el delito de “propagación de enfermedades”.

El gobierno también siguió negando a los líderes religiosos y laicos la oportunidad de visitar a personas de su comunidad y administrar los últimos ritos o brindar apoyo espiritual, incluso mientras que permitía que se realizaran otros tipos de visitas. El 3 de octubre, el Padre Jorge Luis Pérez informó que había visitado el Hospital Hermanos Ameijeiras en La Habana para entregar el último sacramento a una laica católica. Según el sacerdote, el médico jefe de los servicios médicos del hospital bloqueó la entrada del Padre Pérez, argumentando que incumplía las normas de salud pública de COVID-19. Sin embargo, el Padre Pérez señaló que, mientras esperaba, se permitió el ingreso de muchas otras personas por diversos motivos, entre ellos visitas. El funcionario del hospital se negó a que le explicara su propósito y por qué se le debería permitir visitar a la mujer, obligándolo a abandonar las instalaciones de inmediato.

Sacerdote saluda a la gente

Confiscación de bienes y propiedades

La escasez crónica de todo tipo de bienes y las regulaciones bizantinas en torno a la capacidad de importar o comprar y vender bienes ponen a la mayoría de los cubanos en la posición de tener que interactuar de alguna manera con el mercado negro. Esto significa que las personas siempre son vulnerables a las acusaciones gubernamentales de actividad ilegal y los funcionarios del gobierno a menudo usan esto como una táctica para presionar o castigar a quienes no apoyan al gobierno. Incluso cuando los cubanos intentan obtener bienes a través de medios legales, aún pueden encontrarse en la mira del gobierno. Esto se puede ver en la experiencia del pastor Parra Rosabal, cuyo caso se detalla anteriormente en el informe, y a quien nunca se le devolvieron sus herramientas de reparación de bicicletas confiscadas, a pesar de que entregó los recibos y se retiraron los cargos en su contra.

En otro caso, el pasado 6 de abril, los pastores Juan Carlos García Morales y Doraidis Rodríguez Feria de la iglesia pentecostal de la Santidad en la localidad de San Germán, Holguín, recibieron una donación de ventiladores, hechos por uno de sus amigos, para su iglesia. Poco después de recibir los ventiladores, los policías llegaron a la iglesia y aseguraron que habían recibido una denuncia sobre la venta ilegal de combustible e insistieron en registrar la casa parroquial y la iglesia. Mientras realizaban el allanamiento, los policías amenazaron con confiscar los fondos de diezmos y ofrendas de la iglesia, alrededor de 10.000 pesos cubanos (aproximadamente 415 USD). En su lugar, los oficiales confiscaron los nuevos ventiladores, alegando que su compra constituía un delito de “acaparamiento”. Los pastores presentaron declaraciones en tres ocasiones para demostrar su inocencia y en la última oportunidad les informaron que los ventiladores estaban retenidos por el gobierno provincial, la misma oficina que emitió la denuncia. Los pastores presentaron una denuncia ante el partido comunista municipal, pero les dijeron que como la policía municipal había emitido la denuncia, no podían ayudar.

Restricciones de viaje

En 2021, debido a las restricciones de viaje por la pandemia, CSW ha documentado solo dos nuevos casos de líderes religiosos y activistas de LdRC a los que se les impidió viajar al extranjero en 2021, en contraste con los cinco del año anterior.

Por lo general, el gobierno cubano a veces restringe la libertad de traslado de los activistas de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos que han criticado abiertamente sus acciones. El 24 de marzo de 2020, el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, anunció que todos los cubanos estarían "regulados" o bajo prohibición de viajar, y el gobierno podría "decidir quién viaja y quién no, como medida preventiva para la propagación del nuevo coronavirus". Desde entonces, debido a los cierres y restricciones del gobierno, los viajes de todos los ciudadanos cubanos se han visto significativamente restringidos y, por defecto, todos los activistas de la sociedad civil tienen prohibido viajar internacionalmente. El Instituto Patmos, una ONG dedicada al monitoreo de la libertad de expresión en Cuba, no ha agregado nuevos activistas de la sociedad civil a su lista de “regulados”31 desde 2020.

En el caso de los líderes religiosos protestantes, algunos siguen bajo prohibición de viajar, incluido el pastor Sandy Cancino Pérez, a quien se le impidió viajar a los EE. UU. para dirigir servicios religiosos en Miami y Houston el 13 de marzo. El Pastor del Movimiento Apostólico Jorge Travieso Medina permanece bajo prohibición de viajar y se le negó el permiso para renovar su pasaporte el 23 de marzo de 2020. El Pastor del Movimiento Apostólico Alain Toledano Valiente también permanece bajo prohibición de viajar.

Yoe Suárez

El periodista independiente Yoe Suárez tiene prohibido viajar desde febrero de 2020, cuando fue citado a la comisaría de Siboney en La Habana e interrogado durante tres horas por un agente de la Seguridad del Estado que amenazó con represalias a su familia por su trabajo. También se le informó que ha sido sometido a una prohibición de viajar de manera indefinida, “por orden de la Jefatura [del Departamento de Seguridad del Estado de Cuba]” de Cuba. El defensor de la LdRC, Ricardo Fernández Izaguirre, ha estado bajo prohibición de poder viajar desde noviembre de 2019, cuando se le impidió abordar un vuelo a Europa.

Padre Castor Álvarez Devesa

Al sacerdote católico, el Padre Castor Álvarez Devesa, también se le prohibió viajar tras su arresto el 11 de julio. El 16 de septiembre, el Padre Castor se presentó en las oficinas de inmigración de Camagüey para informarse sobre el estado de la inhabilitación, ya que había sido invitado a Estados Unidos para oficiar una misa y asistir a un retiro espiritual. El día anterior había sido notificado de que se retiraban las medidas cautelares por haber participado en los hechos del 11 de julio. Sin embargo, seguía bajo prohibición de viajar en espera de juicio por cargos no especificados relacionados con ese día.

Con respecto a las visitas de visitantes extranjeros, los grupos religiosos en Cuba deben solicitar al gobierno una visa religiosa en nombre de cualquier visitante potencial. En 2021, CSW recibió un caso en el que a un grupo religioso se le negó una visa religiosa. En septiembre de 2020, el pastor Yordanys Díaz Arteaga, presidente de la Iglesia Reformada de Cuba, solicitó a la Oficina de Asuntos Religiosos una extensión de visa para un misionero de México. El misionero había estado trabajando en Cuba durante dos años como líder de jóvenes en su iglesia. El 19 de enero de 2021, su solicitud fue denegada y se le exigió al misionero que regresara a su país. El pastor Díaz Arteaga cree que la denegación de la visa fue una represalia por la decisión de su denominación de abandonar formalmente el Consejo de Iglesias de Cuba32.

Uso de informantes

El gobierno cubano continúa utilizando informantes para infiltrarse en organizaciones religiosas para informar sobre actividades internas y el contenido de la enseñanza, así como sobre las personas dentro de los grupos religiosos. Los líderes religiosos informan que suele haber una mezcla de informantes abiertos que asisten a los servicios y actividades que otros realizan de forma encubierta. También se alienta a los agentes encubiertos a intentar perturbar y causar división con los grupos religiosos.

Esta estrategia de gobierno ha estado en curso desde la década de 1960 y se ilustra en el caso de Yoandry Cruzata, un líder de la Iglesia Emmanuel dirigida por el Apóstol Toledano Valiente en Santiago de Cuba. En febrero, en las primeras horas de la mañana, el Sr. Cruzata estaba en una fila para recibir raciones del gobierno para su familia, pero cuando llegó su turno, un agente de Seguridad del Estado le impidió ingresar al edificio. Inmediatamente después fue detenido por carabineros, quienes lo trasladaron a la unidad policial La Motorizada. Le quitaron sus pertenencias y lo mantuvieron en régimen de aislamiento en una celda hasta las 11 de la noche. En ese momento fue llevado a una sala de interrogatorios donde fue recibido por un agente de la Seguridad del Estado, quien le dijo al Sr. Cruzata que su detención era una lección, pero que él podía mejorar las cosas actuando como informante de la Iglesia Emmanuel. Ante la negativa del Sr. Cruzata, el agente de la Seguridad del Estado amenazó con abrir proceso penal en su contra por el delito de “propagación de enfermedades” y con encarcelarlo por tres años. El Sr. Cruzata se negó nuevamente y fue devuelto a su celda donde permaneció hasta su liberación a la mañana siguiente.

Apuntando a activistas de la sociedad civil

En Cuba, las personas que critican públicamente al gobierno y sus políticas reciben con frecuencia citaciones oficiales firmadas por las autoridades policiales locales, como la Policía Nacional Revolucionaria o la Fiscalía. Sin embargo, la orden de atacar a estas personas normalmente se origina en el equipo de Contrainteligencia de Seguridad del Estado. Los propios interrogatorios se suelen realizar en presencia de un agente de la Seguridad del Estado.

El 29 de junio, Carolina Sansón y Leonardo Fernández Otaño fueron citados por agentes de la Seguridad del Estado para ser interrogados. La Sra. Sansón, quien trabaja para el Centro Cultural Padre Félix Varela, una institución católica, fue detenida e interrogada en la comisaría de Aguilera en La Habana. El Sr. Fernández Otaño es un historiador católico que trabaja en el Centro Ignacio de Loyola y fue citado a las 7 de la noche. Según el medio independiente La Hora de Cuba, 33 tanto la Sra. Sansón como el Sr. Fernández Otaño habían participado en varias acciones cívicas católicas y cartas pastorales en los últimos años. La Sra. Sanson fue interrogada durante dos horas durante las cuales le dijeron que era una “buena chica que no debería andar con esa gente [es decir, activistas]”.34 Durante su interrogatorio, ambos individuos fueron acusados de estar en compañía de “mercenarios”. Luego de su liberación, tanto la Sra. Sansón como el Sr. Fernández Otaño vieron sus casas rodeadas por operativos de vigilancia de la Seguridad del Estado. Su acceso a datos e internet a través de sus teléfonos también se cortó durante los siguientes cinco días.

La campaña de hostigamiento en curso contra el periodista independiente cubano Yoel “Yoe” Suárez Fernández, quien informa con frecuencia sobre violaciones de LdRC y su familia, continuó cuando recibió una citación para presentarse en la Comisaría de Miramar el 12 de marzo. El interrogatorio en la comisaría de Miramar, en La Habana, duró 35 minutos y estuvo a cargo de un nuevo jefe de sector que se identificó como el Capitán Pinheiro. Durante el interrogatorio, se le hicieron preguntas detalladas al Sr. Suárez sobre su familia y trabajo, así también como sus interacciones previas con funcionarios de contrainteligencia de la Seguridad del Estado.

El Capitán Pinheiro advirtió reiteradamente al Sr. Suárez Fernández que su trabajo podría traer consecuencias negativas que afectarían a su familia. También explicó que la policía interviene para emitir citaciones oficiales para “controlar a los ciudadanos” con base en la información que reciben de otras “entidades” estatales dentro del Ministerio del Interior, como el Departamento de Seguridad del Estado, que realiza vigilancia a los defensores de derechos humanos que critican al gobierno.

La citación y el interrogatorio del 12 de marzo marcan la segunda vez que el Sr. Suárez Fernández es atacado de esta manera en menos de dos meses. Se produjo después de que su esposa, María Antonieta Colunga Olivera, fuera citada e interrogada el 1 de marzo por el trabajo de su esposo.35

Ilustración de personas rezando bajo una pancarta que dice 'No tenemos miedo'

Acontecimientos positivos

Si bien algunos líderes religiosos particulares, especialmente los de grupos religiosos no registrados, tienen un largo historial de denunciar las violaciones de los derechos humanos, la mayoría de los grupos religiosos han adoptado históricamente un enfoque más silencioso, presentando sus problemas, cuando así lo decidieron, discretamente con oficiales del gobierno. Esto comenzó a cambiar en 2018 durante el proceso de redacción y adopción de una nueva constitución, cuando los líderes religiosos respondieron al llamado del gobierno a una consulta pública. Sin embargo, la mayoría de las declaraciones públicas se redactaron cuidadosamente, centrándose específicamente en la redacción del proyecto de la constitución y evitar cualquier crítica directa al gobierno y al sistema político.

Uno de los acontecimientos más significativos en Cuba en 2021, fue la mayor disposición de los líderes religiosos a hablar públicamente sobre las violaciones de los derechos humanos. Esto es particularmente digno de mención dado que el número de declaraciones públicas, incluidas algunas emitidas por grupos religiosos completos, aumentó en medio de las represiones posteriores al 11 de julio y anteriores al 15 de noviembre y en una atmósfera de creciente represión e intimidación. Grupos que incluyen la Conferencia de Obispos Católicos36 y algunas de las denominaciones protestantes más grandes de la isla, incluidas las Asambleas de Dios de Cuba,37 la Iglesia Metodista de Cuba38 y la Liga Evangélica39 – publicaron múltiples declaraciones condenando el uso de la violencia por parte del gobierno y afirmando el derecho de todos cubanos a expresarse pacíficamente, incluso a través de marchas de protesta. Las declaraciones de algunos de los grupos protestantes también pidieron la liberación de todos los detenidos por haber participado en las marchas pacíficas.

También se hicieron declaraciones a nivel local. Por ejemplo, un grupo interconfesional de pastores protestantes en Holguín publicó un video40 en las redes sociales articulando posiciones similares. Las coaliciones de grupos religiosos, incluidos católicos y protestantes de un espectro de denominaciones, también convocaron conjuntamente varios días de oración y ayuno por Cuba durante la segunda mitad del año y en un video promocional41 de un evento, hicieron llamados explícitos a orar por la libertad. Vale la pena señalar que los esfuerzos de unidad ecuménica continuaron desarrollándose, luego de la creación de la Alianza Evangélica Cubana en 2019, con los lanzamientos en 2021 de grupos como Cristianos Cubanos en Comunión42 y la Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas,43 – los cuales emitieron una serie de publicaciones en redes sociales, declaraciones escritas y videos, que abordan las violaciones de derechos humanos en curso, incluidas las violaciones de la LdRC.

Estos esfuerzos de unidad también se reflejaron en lo comunitario. En mayo, seis jóvenes cristianos protestantes de diferentes denominaciones viajaron juntos para visitar y rezar por Luis Manuel Otero Alcántara, artista y activista que en ese momento llevaba seis días de huelga de hambre. Al llegar a la esquina de la cuadra Otero Alcántara, el grupo fue interceptado por la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria. Les quitaron las cédulas de identidad; se les dijo que no se les permitiría visitar al Sr. Otero Alcántara y se les indicó que oraran en un parque cercano. Posteriormente, llegó otro agente de la Seguridad del Estado y les devolvió las cédulas de identidad y los amenazó si hablaban del hecho:

La orden que tengo es que puedes rezar ahí en el parque de la iglesia y luego te vas. Ahora, aquí está la otra orden: No se debe filmar aquí porque yo lo digo. Aquí están todas sus tarjetas porque no quiero que ningún medio diga que a las 12:00 “un grupo de la iglesia estaba orando en la casa de esta persona”, porque [si dice algo las autoridades] lo van a buscar, uno por uno, porque tenemos toda tu información... Te lo digo ahora.

Los miembros del grupo denunciaron de inmediato las acciones del gobierno,44 en las redes sociales, a pesar de las amenazas.

Los líderes religiosos particulares actuaron como intermediarios entre las víctimas de violaciones de derechos humanos y las organizaciones internacionales de defensa. Algunos lo hicieron de manera discreta y confidencial, pero otros han tomado una vía más pública, difundiendo información y actualizaciones sobre casos específicos, incluidos algunos de los enumerados en este informe, en las redes sociales. El Apóstol Alain Toledano Valiente asistió a Maridilegnis Carballo, luego de la desaparición de su esposo, el Rev. Rosales Fajardo y su hijo, David Rosales Carballo, el 11 de julio, realizando averiguaciones, junto con un grupo de pastores locales, en comisarías e instalaciones de Seguridad del Estado en Santiago de Cuba, donde se creía que los dos habían sido llevados después de ser detenidos. El Apóstol Toledano realizó una serie de publicaciones con actualizaciones sobre el caso en las redes sociales y finalmente pudo confirmar que el Reverendo Rosales Fajardo estaba detenido en el recinto de Seguridad del Estado en la colonia Versalles de la ciudad.

El Reverendo Jatniel Pérez Feria, presidente del Seminario Bíblico William Carey y pastor de la Iglesia Evangélica Independiente de Holguín, informó sobre las detenciones de los pastores Yarian Sierra Madrigal y Yeremi Blanco Ramírez en los días posteriores al 11 de julio. En respuesta, el gobierno puso temporalmente su casa bajo vigilancia las 24 horas, con un vehículo de la Seguridad del Estado bloqueando su puerta, poniéndolo efectivamente bajo arresto domiciliario, y recibió múltiples llamadas telefónicas anónimas amenazándolo si continuaba hablando. El Reverendo Pérez Feria, respondió con otra publicación en las redes sociales:

Hoy he recibido varias llamadas metiéndome miedo por publicar todo acerca de los pastores Yéremi Blanco Ramirez y Yarian Sierra.

Han llamado a algunos de nuestros Pastores intimidándolos.
Por si alguno de ustedes los de la seguridad del estado tienen dudas de quién soy:
Soy Jatniel Pérez Feria. Presidente nacional del seminario Bíblico William Carey en Cuba y pastor De la Iglesia Evangélica Independiente en Velasco, Holguín.
Soy responsable por todos los pastores y hermanos que estudian en nuestro seminario.
Si les molesta que esté diciendo estas cosas pues usted sabe bien claro donde vivo.
Si tengo que padecer por defender Pastores e iglesias pues aquí estoy como Pablo dispuesto a ir a prisión por defender la causa del evangelio.
No tengo miedo ir a ningún lugar.
Ustedes pueden hacer lo que quieran con mi cuerpo más mi alma no pueden matar.
Así que prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres.
No me llamen más ni me infundan temor porque es por gusto.
Amo mi país. Y amo mi bandera donde Dios me puso. Y defenderé siempre la iglesia que Cristo compró con Su sangre.
Gracia y paz.

Conclusión

El año 2021 concluyó con una serie de juicios sumarios de muchos de los que habían sido arrestados en relación con las protestas del 11 de julio y que habían estado detenidos desde entonces; el gobierno del presidente Miguel Díaz Canel, dejó en claro que no habría apertura ni reformas. Está todo tan preparado para imponer largas penas de prisión a los cubanos que hasta el 11 de julio no habían tenido participación en movimientos a favor de la democracia o de derechos humanos, como para hacer lo mismo que se hizo con los activistas de la Primavera Negra de 2003.

No se espera que nada cambie con respecto al enfoque del gobierno sobre los derechos humanos fundamentales; más bien, una represión que ya estaba en curso a principios de 2021 solo se intensificó después del 11 de julio. Las violaciones de los derechos humanos ocurrieron de manera regular y sistemática, y en consonancia con esto, también lo hicieron las violaciones de la LdRC. Los líderes religiosos, a quienes el gobierno siempre ha visto con recelo, eran particularmente vulnerables. Los miembros ordinarios de diferentes grupos religiosos también fueron atacados cuando el gobierno intentó demostrar, a través de la fuerza y la intimidación, su control total de la isla y su gente.

A pesar de todo esto, hay motivos para tener esperanza, ilustrada, por ejemplo, en la mayor disposición de los líderes y las asociaciones religiosas a denunciar públicamente las violaciones de los derechos humanos y en apoyo de la libertad de expresión, los derechos asociados, como la libertad de expresión y la libertad de reunión. Esta es una forma clave en la que el escenario difiere significativamente del 2003.

Sería ingenuo suponer que el gobierno no es muy consciente de esto y se debe esperar una mayor presión sobre los líderes religiosos. Como se señala en este informe, las asociaciones religiosas son los únicos grupos dentro de la sociedad civil independiente cubana que reúnen regularmente a un número significativo de personas y los líderes religiosos tienen un tipo único de autoridad moral, que puede estar en desacuerdo con la ideología del Partido Comunista. Es probable que aquellos que no son vistos como partidarios del gobierno, la mayoría de los líderes religiosos, sufran más hostigamiento en forma de vigilancia, citaciones repetidas, interrogatorios, amenazas y otros tipos de maltrato. Los que sigan alzándose estarán en primera línea.

En el futuro, será vital que la sociedad civil independiente en Cuba, incluidos los grupos religiosos, continúen recibiendo el apoyo de la comunidad internacional. Debe quedar claro para el gobierno cubano que debe hacer reformas que se han retrasado mucho para asegurar que los derechos fundamentales de todos sean protegidos y respetados, y que debe haber consecuencias si no lo hace. Después de más de 60 años de gobierno autoritario de un solo partido, parece que el pueblo cubano está listo para el cambio y las democracias de todo el mundo deberían explorar activamente formas innovadoras de apoyarlos para garantizar que cualquier transición sea pacífica y avance hacia una situación más representativa, inclusiva y una sociedad democrática abierta.

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u7

Notas a pie de página

  1. Muchos casos involucran múltiples tipos de violaciones.↩︎
  2. El Movimiento San Isidro es un grupo de artistas, periodistas y académicos cubanos formado en 2018 para protestar contra la censura gubernamental a la expresión artística en Cuba. ↩︎
  3. El Estado reconoce, respeta y garantiza la Libertad Religiosa. El Estado cubano es laico. En la República de Cuba las instituciones religiosas y las asociaciones fraternales están separadas del Estado y todas tienen los mismos derechos y responsabilidades. Las diferentes creencias y religiones gozan de igualdad de trato. (Artículo 15)↩︎
  4. Toda persona tiene derecho a profesar o no sus creencias religiosas, a cambiarlas y a practicar la religión de su elección con el debido respeto a las demás creencias y de conformidad con la ley. (Artículo 57) ↩︎
  5. Human Rights Watch (1999), ‘La maquinaria represiva de Cuba – Capítulo III, Impedimentos a los derechos humanos en la legislación cubana’ www.hrw.org/legacy/reports/1999/cuba/index.htm#TopOfPageall↩︎
  6. Todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación alguna por razón de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique una distinción lesiva a la dignidad humana. Todas las personas tienen derecho a disfrutar de los mismos espacios públicos e instalaciones de servicios. Asimismo, reciben igual salario por igual trabajo, sin discriminación alguna. La violación de este principio está proscrita y sancionada por la ley.↩︎
  7. Gaceta Oficial, Ley No. 62, Código Penal www.gacetaoficial.gob.cu/es/ley-no-62-codigo-penal↩︎
  8. Human Rights Watch (1999), ‘La maquinaria represiva de Cuba – Capítulo III, Impedimentos a los derechos humanos en la legislación cubana’ https://www.hrw.org/legacy/reports/1999/cuba/Cuba996-03.htm#P576_78223↩︎
  9. Código de Procedimiento Penal de Cuba, Decreto Legal Número 5, 1977 http://legislacion.sld.cu/index.php?P=DownloadFile&Id=442 ↩︎
  10. Gaceta Oficial, ‘Sobre la Informatización de la Sociedad En Cuba’, 2018 https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/decreto-ley-370-de-2018-de-consejo-de-estado ↩︎
  11. CSW, ‘CSW Statement on COVID-19’, 21 April 2020 http://www.csw.org.uk/2020/04/21/feature/4619/article.htm ↩︎
  12. ‘Delitos contra la salud pública’, Sección 1, Propagación de epidemias’, Capítulo 5, Sección 1, Artículo 187, Código Penal cubano http://juriscuba.com/wp-content/uploads/2015/10/Ley-No.-062-Codigo-Penal1.pdf, 19 March 2018 ↩︎
  13. Twitter, Caridad del Rosario Diego Bello @bello_caridad, February 2022 https://twitter.com/bello_caridad ↩︎
  14. Twitter, Robert Noa Frómeta @RoberNoaFrometa, February 2022 https://twitter.com/robernoafrometa↩︎
  15. Cabe señalar que si bien sus intentos de registrarse en el pasado fueron rechazados, algunos líderes del Movimiento Apostólico ahora tienen una posición similar a la de los Yorubas Libres y rechazan el concepto de registro por completo. ↩︎
  16. Muchos de estos casos involucraron a más de una mujer. ↩︎
  17. Las tiendas CUC eran establecimientos en los que los cubanos pagaban las mercancías en Pesos Cubanos Convertibles (CUC), una antigua moneda cubana que ya no está en circulación tras la implementación de la unificación monetaria en Cuba a partir del 1 de enero de 2021. El CUC mantuvo el mismo valor que el dólar americano por lo tanto 1 CUC=1 USD. ↩︎
  18. CSW, ‘Family of detained pastor evicted from their home’, 19 July 2021 https://www.csw.org.uk/2021/07/19/press/5354/article.htm ↩︎
  19. CSW, ‘Trial for detained pastor expected imminently’, 6 December 2021 https://www.csw.org.uk/2021/12/06/press/5499/article.htm↩︎
  20. CSW, ‘Trial of detained pastor suspended until further notice’, 7 December 2021 https://www.csw.org.uk/2021/12/07/press/5501/article.htm↩︎
  21. Diario de Cuba, ‘“Mi esposo es inocente”, dice la esposa del pastor Lorenzo Rosales, preso del 11J, tras finalizar su juicio’, 22 December 2022 (Spanish) https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1640200390_36372.html↩︎
  22. CSW, ‘Catholic nursing home harassed by government inspectors’, 26 April 2021 https://www.csw.org.uk/2021/04/26/press/5239/article.htm↩︎
  23. Según el tipo de cambio de abril de 2021.↩︎
  24. La acusación de “propagación de enfermedades” se hizo en virtud del artículo 187 de la Ley No. 62 del Código Penal cubano. ↩︎
  25. Ibid↩︎
  26. Las “brigadas de respuesta rápida” son bandas de reclutas civiles organizadas por el gobierno cubano. Fueron una nueva implementación en 1991, utilizadas para intimidar a “individuos con problemas políticos e ideológicos”, según un informe de Human Rights Watch de 1991. Human Rights Watch, ‘Human Rights Watch World Report 1992 – Cuba’, 1 January 1992, https://www.refworld.org/docid/467fca451e.html ↩︎
  27. Debido a su estatus no registrado, grupos como el Movimiento Apostólico se ven obligados a congregarse en casas y otros edificios no permitidos para uso religioso, haciéndolos constantemente vulnerables a multas y confiscación de propiedades por parte del gobierno. ↩︎
  28. El grupo solicitó permiso oficial para realizar “una marcha cívica por el cambio” en septiembre. Su solicitud fue rechazada y el gobierno lanzó una campaña para desacreditar a los organizadores, acusándolos de estar respaldados por el gobierno de los Estados Unidos. ↩︎
  29. CSW, ‘Religious leaders targeted ahead of 15 November protests’, 12 November 2021 https://www.csw.org.uk/2021/11/12/press/5480/article.htm ↩︎
  30. Según el defensor de la LdRC, reverendo Mario Félix Lleonart Barroso, el Seminario BCWC de La Habana recibió una factura eléctrica del mes de enero de 2021 de 20.490 CUP (unos USD 850), frente a un promedio de 500 CUP (unos USD 20) en meses anteriores. Un centro de retiro de BCWC en Matanzas recibió una factura de 24.000 CUP (alrededor de USD 1000) también por el mes de enero. Ambas instituciones operaban con un personal mínimo en ese momento. ↩︎
  31. Blog del Instituto Patmos, ‘#Cuba Todos los cubanos “#Regulados”: entre las pandemias del #totalitarismo y la del #Covid19’, 31 March 2020 (Spanish) https://institutopatmosonline.org/category/regulados/ ↩︎
  32. El Consejo de Iglesias de Cuba es un grupo de protección ecuménico que históricamente ha mantenido buenas relaciones con el gobierno. Aunque solo representa a un número muy pequeño de cristianos protestantes en términos de membresía, el gobierno a menudo lo presenta como un representante de la Iglesia protestante en Cuba en general, y su liderazgo ha afirmado repetidamente en las últimas décadas que no hay violaciones de la LdRC en Cuba. ↩︎
  33. La Hora de Cuba, ‘Jóvenes Católicos Citados A Interrogatorios Tras Solidarizarse Con Hamlet Lavastida’, 29 June 2021 (Spanish) http://lahoradecuba.com/2021/06/29/jovenes-catolicos-citados-a-interrogatorios-tras-solidarizarse-con-hamlet-lavastida/ ↩︎
  34. Diario de Cuba, ‘Dos católicos cubanos solidarios con Hamlet Lavastida sufren interrogatorios de la Seguridad del Estado’, 1 July 2021 (Spanish) https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1625134929_32325.html ↩︎
  35. CSW, ‘Wife of Cuban journalist summoned and interrogated’, 2 March 2021 https://www.csw.org.uk/2021/03/02/press/5159/article.htm ↩︎
  36. Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, ‘Mensaje de los Obispos Católicos de Cuba’, 11 November 2021 (Spanish) https://iglesiacubana.org/cocc/assets/uploads/docs/MENSAJE_DE_LOS_OBISPOS_CATOLICOS_DE_CUBA_111121.pdf ↩︎
  37. Facebook, Asambleas de Dios de Cuba @AsambleasDeDiosCuba, 18 July 2021 https://www.facebook.com/AsambleasDeDiosCuba/posts/844630419760233 ↩︎
  38. Facebook, Iglesia Metodista en Cuba @metodistaencuba, 18 July 2021 https://www.facebook.com/metodistaencuba/posts/3031650953733346 ↩︎
  39. Facebook, Liga Evangélica de Cuba @iglecuba, 14 July 2021 https://www.facebook.com/iglecuba/posts/4118223134913938 ↩︎
  40. Facebook, Iglesias de Holguín @iglesiasdeholguin, 18 July 2021 https://fb.watch/6WAAY6HtkP/ ↩︎
  41. Facebook, Primera Iglesia Bautista de Bejucal @pibbejucal, 21 July 2021 https://fb.watch/v/1TmqCDNQR/ ↩︎
  42. Facebook, Cristianos Cubanos en Comunión https://www.facebook.com/Cristianos-Cubanos-en-Comunión-250077306910542/ ↩︎
  43. Facebook, Aicnor. Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas https://www.facebook.com/Aicnor-Alianza-de-Iglesias-Cubanas-No-Registradas-104154622104973 ↩︎
  44. Ciber Cuba, ‘Jóvenes cristianos intentan llegar a la casa de Luis Manuel Otero’, 5 January 2021 https://www.cibercuba.com/noticias/2021-05-01-u1-e207959-s27061-jovenes-cristianos-intentan-llegar-casa-luis-manuel-otero ↩︎

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