Cincuenta días han pasado desde el desplazamiento forzado del 26 de abril de 2024, más de 150 cristianos protestantes bautistas en el estado de Hidalgo, México. El gobierno no ha tomado ninguna medida para garantizar que los responsables del desplazamiento rindan cuentas y que se protejan los derechos de este grupo religioso minoritario.
El desplazamiento forzado de los miembros de la Iglesia Bautista Fundamental de la Gran Comisión, que fue la conclusión de una década de violaciones de la libertad de religión o creencia en los pueblos vecinos de Rancho Nuevo y Coamila, en el Municipio de Huejutla de Reyes, se produjo después de que los líderes de los dos pueblos, ambos católicos romanos, cortaran la electricidad a las casas de las familias de la minoría religiosa, destrozaran su iglesia y bloquearan el acceso a algunas de sus casas. El grupo desplazado, que incluye a más de 70 niños y bebés, fue alojado primero en un edificio municipal antes de ser trasladado a un complejo deportivo.
Según dijeron a CSW, el gobierno municipal, que tiene la responsabilidad principal de resolver la situación, se ha “desentendido del asunto” y ha comunicado al grupo de la minoría religiosa que, si desean regresar a sus hogares, deben cumplir con las demandas de los líderes de la comunidad, que incluyen sanciones por negarse a participar en actividades religiosas católicas romanas y obligarían a las familias de la minoría religiosa a pagar grandes multas, de acuerdo a la fecha de su conversión al protestantismo, que se han incrementado hasta un total acumulado de $750,000 pesos mexicanos, (aproximadamente $40,000 dólares estadounidenses).
Según se informa, la recién nombrada Directora Estatal de Asuntos Religiosos de Hidalgo, Margarita Cabrera Román, ha regresado a la capital del estado de Pachuca, afirmando que ha hecho todo lo posible por ayudar a resolver el caso, pero, “se niega a admitir que existe un elemento religioso y afirman que es un conflicto interno entre vecinos. [Los funcionarios del gobierno] han dicho [a los miembros de la comunidad] que lo resuelvan ellos mismos”, dijo la fuente a CSW.
Otra fuente dijo a CSW que, tras las elecciones nacionales celebradas a principios de junio, el gobierno municipal saliente ya no tiene ningún interés político en resolver el caso y abordar las violaciones de derechos humanos relacionadas. “Quizás sea necesario esperar hasta que el próximo gobierno tome posesión en octubre, pero será el tercer mandato del presidente municipal entrante”, dijeron, destacando que, en las últimas dos décadas, ningún gobierno municipal de Huejutla de Reyes ha tomado medidas para abordar las violaciones de la libertad de religión o creencias, a pesar de que se producen de forma regular, muchas de ellas graves, en las comunidades del municipio, todas ellas afectando a cristianos protestantes.
La directora de defensa de derechos de CSW, Anna Lee Stangl, dijo: “La negativa de los funcionarios gubernamentales a nivel municipal y estatal en Hidalgo a tomar medidas para abordar el desplazamiento forzado masivo de estos hombres, mujeres y niños a causa de sus creencias religiosas muestra claramente lo profundamente arraigada que se ha vuelto la cultura de impunidad en torno a las violaciones de la libertad de religión o creencias. CSW hace un llamado al gobierno federal para que tome medidas urgentes, debido a que el gobierno estatal y municipal se han negado a hacerlo, se hace un llamado para intervenir en el caso de los desplazados de Rancho Nuevo y Coamila, y para que los responsables de estas atroces violaciones de derechos humanos rindan cuentas a través del sistema de justicia. A largo plazo, hacemos un llamado a la presidenta entrante, Claudia Sheinbaum, para que priorice e implemente políticas que aseguren que los derechos de todos estén protegidos en México y que nadie sea privado de sus derechos fundamentales por su religión o creencia”.
Notas para los editores:
1. Rancho Nuevo y Coamila son comunidades indígenas de habla náhuatl que se rigen por los Usos y Costumbres. La Constitución Mexicana garantiza la libertad de religión o creencias y otros derechos humanos a todos los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica, las violaciones de la libertad de religión o creencias son comunes entre las comunidades indígenas regidas por Usos y Costumbres. Esta ley protege el derecho de las comunidades indígenas a mantener sus métodos culturales y tradicionales de gobierno local, con la salvedad de que debe aplicarse de conformidad con los derechos humanos establecidos en la Constitución mexicana y de las convenciones internacionales de las que México es parte. Sin embargo, el gobierno mexicano, tanto a nivel federal como estatal, hace poco para garantizar que se respeten estas protecciones. Como resultado, en muchas comunidades una mayoría religiosa intenta imponer la uniformidad religiosa con consecuencias que varían en gravedad para los miembros de las minorías que desean practicar una religión o creencia de su elección.
2. Las violaciones de derechos humanos vinculadas a la libertad de religión o creencias han sido constantes y graves en las comunidades vecinas de Coamila y Rancho Nuevo desde 2015. Las autoridades locales han intentado repetidamente obligar a los miembros de la minoría religiosa a participar en festivales religiosos católicos romanos, incluso mediante donaciones financieras, encendiendo velas y participando activamente en actos de culto. A pesar de la documentación detallada en el caso, que se remonta a 2015, el gobierno municipal sigue negando que los incidentes en Rancho Nuevo y Coamila estén relacionados con la libertad de religión o creencias.
3. Las mujeres de Rancho Nuevo participaron en la investigación de CSW que se utilizó para Escúchala: Las historias no contadas por mujeres de minorías religiosas indígenas en México, un informe innovador sobre cómo las mujeres indígenas en México experimentan violaciones de la libertad de religión o creencias, publicado en abril de 2022.
4. Los funcionarios del gobierno del estado de Hidalgo han negado reiterada y públicamente la existencia de casos de intolerancia religiosa en el estado. La investigación de CSW ha demostrado que tiene uno de los números más altos de este tipo de casos en el país.