Representantes de un grupo de más de 150 cristianos protestantes desplazados de sus comunidades por la fuerza, el 26 de abril debido a sus creencias religiosas, se han quejado de que funcionarios del gobierno los están presionando para que firmen un acuerdo que viola la proteccion de los derechos humanos bajo la ley mexicana.

En conferencia de prensa celebrada el 15 de mayo, el pastor Rogelio Hernández Baltazar y Nicolás Hernández Solórzano dejaron claro que que no quieren aceptar un acuerdo impulsado por el gobierno municipal de Huejutla de los Reyes en el Estado de Hidalgo, para resolver la situación. Esto, debido a que el acuerdo permitiría a los líderes responsables del desplazamiento forzado masivo de las aldeas de Coamila y Rancho Nuevo, multar a las víctimas con $150,000 pesos mexicanos (aproximadamente casi $10,000 USD), prohibir el regreso de tres familias y permitir que las otras familias regresen, pero con  restricciones al derecho de libertad de religión o creencias (LdRC) igual de severas que se le han impuesto a los cristianos protestantes bautistas, siendo el grupo minoritario religioso desde 2015.

El grupo desplazado, todos pertenecientes a la Iglesia Bautista Gran Comisión, fueron resguardados inicialmente en el edificio de la presidencia municipal. Después, los trasladaron a otro lugar donde, según dicen, han dependido de la ayuda humanitaria y los alimentos proporcionados por las iglesias locales. El gobierno municipal dejó de proporcionar alimentos y agua al grupo, que incluye a 75 niños y bebés, aún y cuando el apoyo inicial que se brindó fue extremadamente insuficiente para satisfacer sus necesidades. 

El número total de bautistas desplazados ha aumentado a más de 150 y a varios individuos que estaban trabajando fuera de las aldeas en el momento del desplazamiento, no se les permitió regresar a sus hogares.

Las violaciones de derechos humanos vinculadas a la LdRC han sido continuas y graves en los pueblos vecinos entre sí de Coamila y Rancho Nuevo, desde el 2015. Las autoridades locales han intentado repetidamente obligar a los miembros de la minoría religiosa a participar en festivales religiosos de la comunidad católica romana, incluso, mediante cooperaciones económicas obligatorias, encendiendo velas y forzándolos a participar activamente en actos de adoración. A pesar de la documentación detallada del caso que data de 2015, el gobierno municipal continúa negando que los incidentes en Rancho Nuevo y Coamila estén relacionados con LdRC.

La jefe del departamento de defensa legal de CSW, Anna Lee Stangl, dijo: “La posición del gobierno municipal de Huejutla de los Reyes es indefendible. Al impulsar este acuerdo ilegal, se convierten en cómplices de las violaciones atroces contra de la libertad de religión o de creencias en Coamila y Rancho Nuevo. Esto es inaceptable en un país democrático como México, que garantiza en su Constitución, la libertad de religión o de creencias para todos y establecidas en las convenciones internacionales de derechos humanos de las que hace parte. Hacemos un llamado al gobierno federal y del Estado de Hidalgo para que intervengan con carácter de urgencia y dejen en claro que la libertad de religión o de creencias se extiende a todos, incluso en el municipio de Huejutla de los Reyes, independientemente de su identidad etnolingüística y su religión o creencia.'

Notas para los editores:

1.      Rancho Nuevo y Coamila son comunidades indígenas de habla náhuatl que se rigen bajo la Ley de Usos y Costumbres. La constitución mexicana garantiza la libertad de creencias y otros derechos humanos a todos los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica, las violaciones a la LdRC son comunes entre las comunidades indígenas regidas por los Usos y Costumbres. Estos protegen el derecho de las comunidades indígenas a mantener sus métodos culturales y tradicionales de gobernanza local, con la salvedad de que debe aplicarse de acuerdo con las garantías de derechos humanos, contenidas en la Constitución mexicana y en los convenios internacionales de los que México es parte. Sin embargo, el gobierno mexicano, tanto a nivel federal como estatal, hace poco para garantizar que se respeten estas protecciones. Como resultado, en muchas comunidades, una mayoría religiosa intenta imponer la uniformidad en torno a una fe con consecuencias de diversa gravedad para los miembros de minorías que desean practicar una religión o creencia diferente.

2.      Las Mujeres de Rancho Nuevo participaron en una investigación de la CSW que se utilizó para Let Her Be Heard, un informe innovador sobre cómo las mujeres indígenas en México experimentan las violaciones de FoRB, publicado en abril de 2022.

3.      Julio Ramón Menchaca Salazar asumió el cargo en septiembre de 2022. Durante el mandato anterior de seis años del anterior gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, funcionarios del gobierno negaron pública y repetidamente la existencia de casos de intolerancia religiosa en el estado. Sin embargo, la investigación de CSW en 2022 ha demostrado que Hidalgo tiene uno de los números más altos de casos de este tipo en el país.