Más de 100 cristianos protestantes se vieron obligados a huir de las comunidades de Coamila y Rancho Nuevo en el estado de Hidalgo el 26 de abril, después de que los líderes comunitarios cortaran el suministro eléctrico, destrozaran y bloquearan el acceso a su iglesia y a algunas de sus casas, y colocaran guardias en la entrada en a las comunidades.
139 personas, entre ellas 5 infantes menores de 2 años y 70 menores de 17 años, todos asistentes a la Iglesia Bautista Gran Comisión buscaron refugio en la cabecera municipal de Huejutla de los Reyes, donde solicitan intervención gubernamental para proteger sus derechos.
Las violaciones de derechos humanos relacionadas con la libertad de religión o de creencias han sido continuas y graves en los dos pueblos vecinos desde 2015. Las autoridades locales han intentado repetidamente obligar a los miembros de la minoría religiosa a participar en festivales religiosos católicos romanos, que incluyen donaciones financieras, encendiendo velas y participando activamente en actos de culto. A pesar de la documentación detallada del caso que data de 2015, el Gobierno Municipal continúa negando que los incidentes en Rancho Nuevo y Coamila estén relacionados con FoRB.
En diciembre de 2022, un miembro de la iglesia ingresó al hospital en estado crítico después de haber sido atada a un árbol y golpeado por los líderes de la comunidad. Si bien sobrevivió al ataque, continúa sufriendo problemas de salud relacionados con su terrible experiencia.
Otros miembros de la comunidad han sido detenidos arbitrariamente, golpeados, se les ha prohibido el acceso a la atención médica, cesados de sus trabajos, se les ha impedido enterrar a sus muertos y se les han confiscado sus tierras arbitrariamente. Desde 2018, a los niños de minorías religiosas se les ha prohibido asistir a la escuela local.
En marzo de 2024, el pastor de la iglesia, Rogelio Hernández Baltazar, fue detenido arbitrariamente durante 48 horas junto con otros líderes de la iglesia. A principios de abril, los líderes de la comunidad aprobaron la toma de posesión de cinco parcelas de tierra pertenecientes a miembros de la iglesia, talando árboles, removiendo piedras y destruyendo sus cultivos.
El grupo de bautistas desplazados se encuentra actualmente albergado en el edificio de la Presidencia Municipal, donde solicitan acciones del gobierno para que les permita regresar a sus hogares y practicar su fe libremente. Según el servicio de noticias Milamex, las iglesias protestantes locales en Huejutla de los Reyes están brindando ayuda humanitaria al grupo y se han sumado al llamado para que el gobierno responda.
El director ejecutivo de CSW, Scott Bower, dijo: “139 personas han sido obligadas a abandonar su hogar y han quedado en la indigencia y sin hogar en una situación que hubiera sido totalmente evitable si el gobierno hubiera hecho su trabajo y hubiera hecho respetar la ley y los derechos humanos.
La libertad de religión o de creencias está garantizada para todos en México, incluidos los de las comunidades indígenas, y sin embargo los ataques a este derecho en Rancho Nuevo y Coamila han sido atroces y continúan desde hace casi una década. Cuando conocí al pastor Hernández Baltazar a principios de este año, expresó su profunda preocupación por la difícil situación de la iglesia y me dijo “cuando dejas el catolicismo pierdes todos los derechos y toda la posición en el pueblo”. CSW llama al gobernador Julio Ramón Menchaca Salazar a trabajar para establecer una cultura de estado de derecho donde se garanticen los derechos fundamentales de todos y donde se tomen medidas rápidas para responsabilizar a los responsables de los actos criminales cometidos en asociación con las violaciones de estos derechos. a la cuenta.'
Notas para los editores:
1. Rancho Nuevo y Coamila son comunidades indígenas de habla náhuatl que se rigen por la Ley de Usos y Costumbres. La Constitución mexicana garantiza la libertad de creencias y otros derechos humanos a todos los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica las violaciones a la FoRB son comunes entre las comunidades indígenas regidas por la Ley de Usos y Costumbres. Esta ley protege el derecho de las comunidades indígenas a mantener sus métodos culturales y tradicionales de gobernanza local con la salvedad de que debe aplicarse de acuerdo con las garantías de derechos humanos contenidas en la Constitución mexicana y en los convenios internacionales de los que México es parte. Sin embargo, el gobierno mexicano, tanto a nivel federal como estatal, hace poco para garantizar que se respeten estas protecciones. Como resultado, en muchas comunidades una mayoría religiosa intenta imponer la uniformidad religiosa con consecuencias de diversa gravedad para los miembros de minorías que desean practicar una religión o creencia de su elección.
2. Mujeres de Rancho Nuevo participaron en una investigación de la CSW que se utilizó para Let Her Be Heard, un informe innovador sobre cómo las mujeres indígenas en México experimentan las violaciones de FoRB, publicado en abril de 2022.
3. Julio Ramón Menchaca Salazar asumió el cargo en septiembre de 2022. Durante el mandato anterior de seis años del anterior gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, los funcionarios del gobierno negaron pública y repetidamente la existencia de casos de intolerancia religiosa en el estado. La investigación de CSW ha demostrado que tiene uno de los números más altos de este tipo de casos en el país.
Pie de foto: cristianos protestantes desplazados de Coamila y Rancho Nuevo. Crédito: CSW